Argentina entre el ajuste fiscal y la eliminación de los derechos
Opinión

Argentina entre el ajuste fiscal y la eliminación de los derechos

Javier Milei, el presidente de extrema derecha llegó arrasando, pero la movilización social se está expresando con contundencia para detener la embestida

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enero 09, 2024
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En apenas un mes, el gobierno de Milei arrancó con todo. Sus decisiones y anuncios no dan tregua. Pero al mismo tiempo, la movilización social se viene expresando con contundencia, tanto de los sindicatos como de las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres.

De entrada, el presidente de extrema derecha anunció un inmediato acuerdo con el FMI para devolverle cuanto antes el préstamo de 45,000 millones de dólares, contraído por el gobierno de Macri en 2018. Una medida de choque, sin gradualidad alguna.

La estrategia para cumplirla es suficientemente conocida en Latinoamérica: drástico recorte del gasto público, desmantelamiento del Estado, privatización de las empresas públicas.

La situación de Argentina es crítica. La inflación alcanzó el 150 % y la pobreza el 40 %. Por supuesto que el último gobierno progresista no logró satisfacer las expectativas de la población, ni mejorar su nivel de vida y que se han cometido errores, políticos y económicos que propiciaron el triunfo de Milei.

Sin embargo, ello no es la causa principal de la crisis, como señala la derecha argentina y latinoamericana, para desprestigiar el progresismo, engañar a la población y reinstaurar el neoliberalismo. Después de los gobiernos de los Kirchner, con avances significativos en lo social, vino el de Macri, que intentó revertir dichos avances. En medio de la crisis interna y la pandemia, el gobierno de Fernández no pudo dar respuesta a la crisis.

Axel Kircillof, gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, señala que los programas del FMI, que regresaron al país en 2018, atan la inflación a la obligación de devaluar. Esta medida disparó la inflación y precipitó la crisis, en medio de un contexto internacional muy desfavorable.

Pero volvamos a Milei. La mayoría de sus reformas, encaminadas a modificar la estructura económica, política y social del Estado, están incluidas en el DNU, expedido el 20 de diciembre (Decreto de Necesidad y Urgencia que permite al gobierno dictar o modificar leyes frente a un asunto urgente, sin pasar por el Congreso).  

El DNU presentado es un proyecto con más de 600 artículos, que el Congreso deberá discutir en sesiones extraordinarias en tiempo record. Incluye cambios en más de 300 normas laborales, comerciales, industriales, financieras, energética y ambientales.   

En cuanto al trabajo, plantea la desregulación del mercado laboral, limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias, aumenta el periodo de prueba, entre otras medidas.

Como si fuera poco, el Gobierno no renovará los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año y anunció aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público. La movilización social realizada el 28 de diciembre para rechazar las medidas fue enorme.

Pero la semana pasada se produjo un resultado favorable para los trabajadores y trabajadoras. La Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió el Título IV, que incluye la reforma laboral, por dos fallos judiciales consecutivos, en respuesta a recursos presentados respectivamente por la CGT, principal central sindical del país y por la CTA.


La semana pasada la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió el Título IV, que incluye la reforma laboral, en respuesta a recursos presentados por la CGT y  la CTA


Sin embargo, los demás puntos rigen ya como leyes, mientras el Congreso o la justicia no las rechace. 

Entre tanto, Milei anunciaba el envío al Congreso de la Ley ómnibus, con más de 600 artículos sobre temas adicionales, no incluidos en el DNU, que pretenden cambiar buena parte de la estructura política, social y económica del país. Las organizaciones sindicales, sociales y los colectivos de mujeres anunciaron un paro general para el próximo 24 de enero.

Por otra parte, la arremetida de la extrema derecha contra los derechos de la mujer en Argentina se ha intensificado a todo nivel. Desde la campaña electoral y contra toda evidencia, Milei ha insistido en desconocer la existencia de la brecha salarial de las mujeres. Por ello, la suspensión de su proyecto laboral es también una excelente noticia para las trabajadoras.

Pero acorde con su misoginia exacerbada, el gobierno ha ido concretando cada vez más su postura en contra de los derechos de las mujeres y la población diversa.

Recordemos que en el ámbito latinoamericano, Argentina ha sido país pionero en la lucha feminista, en particular por la defensa del aborto, y contra el feminicidio. El pañuelo verde se convirtió en el símbolo del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, alcanzado a finales del 2020, en medio de una fuerte y persistente movilización social en plena pandemia.  Un derecho que el gobierno quiere confiscar ahora.

 Milei desconoce también los feminicidios. “La violencia no tiene género”, señala su vicepresidenta Victoria Villarruel. Ambos se oponen a la educación sexual integral, por hacer parte de la llamada ideología de género, que pone en riesgo a la familia.

Bajo esa lógica, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue uno de los primeros en desaparecer. Una medida que profundizará las desigualdades y violencias que atraviesan mujeres y diversidades sexuales de Argentina.    

A este respecto, la organización de mujeres de la Matria Latinoamericana MuMaLá señaló que en un país con 239 feminicidios y 538 intentos de feminicidios al año, además de una serie de desigualdades por razones de género, se hacía necesario la protección y garantía del Estado. Por ello, los colectivos de mujeres también se han movilizado ampliamente en contra de las políticas del gobierno.   

Por último, para frenar la movilización social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ex ministra de Macri, presentó nuevas medidas represivas y anunció la creación de un registro de organizaciones sociales que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” a los responsables. 

Con ello, se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré, que incluye las reglas que debe seguir la policía ante las protestas, impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011.

En definitiva, para detener la embestida fascista, defender y ejercer la movilización social sigue siendo fundamental.

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