El consumo de cigarrillos de contrabando en Colombia volvió a crecer en 2025 y alcanzó un nivel que no se veía desde hace más de una década. De cada 100 cigarrillos que se consumen en el país, 38 entraron por canales ilegales. La cifra representa un aumento de dos puntos frente a 2024 y confirma una tendencia que se ha venido afianzando en los últimos años: el mercado ilegal gana terreno, sobre todo en la franja norte del país, en la región Caribe y en la frontera con Venezuela, donde el acceso a productos de contrabando es más fácil y constante.
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El informe del Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2025 divulgado por la Federación Nacional de Departamentos muestra que el contrabando ya no es un fenómeno marginal ni episódico. Es una economía paralela que se mueve con regularidad, aprovecha la diferencia de precios entre los productos legales e ilegales y se apoya en redes de distribución que atraviesan puertos, pasos fronterizos y carreteras secundarias. En términos fiscales, el impacto es directo: en 2025, los departamentos y el Distrito Capital dejaron de percibir más de un billón de pesos por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos. En un país donde buena parte de esos recursos se destinan a financiar salud y educación, la pérdida no es una cifra abstracta: se traduce en menos capacidad para atender hospitales, programas de prevención y servicios básicos en las regiones.
El mapa del consumo ilegal confirma una concentración clara en el norte del país. La Guajira registra el nivel más alto, con un 94 % de los cigarrillos consumidos de origen ilegal. Le siguen Cesar con 79 %, Magdalena con 76 %, Sucre con 72 % y Bolívar con 71 %. Atlántico se ubica en 48 %, Antioquia en 51 %, Norte de Santander en 69 %, Chocó en 44 % y Tolima en 41 %. La lista dibuja una franja continua que conecta la costa Caribe con la frontera nororiental, zonas donde el comercio informal y el contrabando han sido históricamente parte del paisaje económico. En contraste, algunos territorios lograron reducir su incidencia en 2025, como Guaviare, Córdoba, Cauca, Caquetá y Caldas, mientras que en Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo de cigarrillos ilegales durante ese año.

Detrás de las cifras hay patrones de consumo claros. El estudio identifica que las marcas ilegales más presentes en el mercado colombiano son Rumba, Carnival, Marshal y Nashville, a las que se suma la aparición de Cherokee como una marca emergente en el circuito del contrabando. Son productos que se mueven con facilidad en tiendas de barrio, ventas informales y puestos ambulantes, y que compiten casi exclusivamente por precio. La brecha entre una cajetilla legal y una ilegal sigue siendo amplia, lo que empuja a muchos fumadores a optar por la opción más barata, aun sabiendo que se trata de un producto de contrabando.
En paralelo al aumento del consumo ilegal, las autoridades han intensificado los operativos contra el contrabando. Solo en 2025 se realizaron 225 aprehensiones en zonas secundarias, es decir, fuera de puertos, con la incautación de cerca de 4,5 millones de cajetillas de cigarrillos, avaluadas comercialmente por la DIAN en aproximadamente 15 mil millones de pesos. En el marco de trabajos de policía judicial se llevaron a cabo 40 allanamientos que permitieron desarticular cinco estructuras criminales y capturar a 46 personas. En estos operativos se decomisaron alrededor de 4,3 millones de cajetillas adicionales, cuyo valor comercial asciende a cerca de 40 mil millones de pesos. Así lo manifestó Mauricio Carrillo, director de la Policía Fiscal y Aduanera, quien explicó que solo en La Guajira se han identificado 113 pasos fronterizos no habilitados. Según señaló, más allá de intentar controlar fronteras porosas con Venezuela y otros corredores irregulares, la estrategia apunta a ubicar y desmantelar los centros de acopio ilegales donde el contrabandista concentra y distribuye la mercancía antes de que llegue al consumidor final.
El origen de estos cigarrillos también revela cómo opera la cadena internacional del comercio ilegal. La mayor parte de los productos que llegan al país provienen de Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y Paraguay. Desde allí, los cargamentos se fragmentan, se redirigen por rutas marítimas o terrestres y terminan entrando por puertos o pasos fronterizos donde los controles son más débiles o se ven desbordados por la magnitud del flujo. La frontera con Venezuela y los corredores del Caribe funcionan como puertas de entrada naturales para este mercado, que luego se distribuye hacia el interior del país.
El perfil del consumidor de cigarrillos ilegales en 2025 se concentra en personas de entre 55 y 64 años, de estratos 1 y 2, con residencia en zonas rurales o en periferias urbanas donde el acceso a comercio formal es más limitado. La decisión de compra responde, sobre todo, al precio. Para una parte de los fumadores, la diferencia de varios miles de pesos por cajetilla pesa más que cualquier consideración sobre legalidad, calidad del producto o efectos colectivos del contrabando. A esto se suma la facilidad para conseguir estas marcas en puntos de venta informales, que están más cerca del consumidor que un establecimiento formal.

El crecimiento del contrabando de cigarrillos en 2025 deja ver un problema que combina economía, control territorial y hábitos de consumo. No se trata solo de recaudo perdido, sino de un mercado ilegal que se consolida en regiones donde el Estado tiene menos presencia efectiva. Mientras la diferencia de precios siga siendo tan amplia y las rutas de ingreso continúen operando con relativa facilidad, el contrabando seguirá ocupando un espacio central en el consumo cotidiano de miles de personas. La cifra del 38 % no es solo un indicador estadístico: es una señal de hasta qué punto el mercado ilegal ya forma parte de la vida diaria en buena parte del país.
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