El Consejo de Estado anunció la suspensión provisional, mientras se produce una decisión de fondo, de los efectos del decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobierno del presidente Petro fijó el salario mínimo legal para el año 2026, estableciendo un aumento del 23%, lo que implicó el mayor incremento de la historia de Colombia en el salario real de los trabajadores colombianos.
Al mismo tiempo, la alta corte ordena al gobierno que dentro de un plazo de ocho días calendario se emita un decreto que fije un salario mínimo transitorio que regirá hasta que haya una decisión final sobre el salario mínimo decretado en diciembre pasado. Para establecer este salario mínimo provisional, se le ordena al gobierno tener en cuenta factores como inflación, crecimiento del PIB y productividad de la economía, entre otros.
La decisión del Consejo de Estado, que suspende el incremento en el salario mínimo que devengan los trabajadores colombianos, propicia una discusión sobre la relación entre el gobierno nacional y otras ramas del poder, en este caso el poder judicial, frente a las condiciones de vida de los colombianos, particularmente los trabajadores de menores ingresos.
Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Petro, diferenciándolo de gobiernos anteriores, ha sido su política social, que impacta positivamente a los sectores más desfavorecidos de la población colombiana. Tal política social se expresa en entrega de tierras a los campesinos, formalización de las madres comunitarias, aumento del ingreso de quienes prestan el servicio militar y el incremento real en el salario mínimo, constante a lo largo del gobierno.
En esta materia, el actual gobierno ha realizado algo notable: en cuatro años de gestión, el incremento real acumulado del salario mínimo ha sido del 36%. Esto quiere decir que, descontando la inflación, un trabajador colombiano en el 2026 recibe un ingreso superior en un 36% respecto del que recibía en 2022. En comparación, durante el gobierno Duque su incremento real fue del 10%; con Santos fue de 18%, en 8 años; y con Uribe fue de 15%, también en 8 años. Queda claro que bajo el gobierno Petro se ha dado un incremento salarial sin parangón en la historia reciente de Colombia, en claro beneficio de los trabajadores del país.
Ante ese gobierno favorable a los intereses de los trabajadores, se planta un Consejo de Estado que suspende la medida gubernamental más progresiva que se ha implementado en la historia de Colombia. La suspensión del decreto que incrementa el salario mínimo en un 23% da la razón al discurso del presidente Petro que sostiene que, al tiempo que al gobierno llegaron un proyecto y un presidente que buscan mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, de los excluidos de siempre, otras ramas del poder público, el congreso y las cortes, hacen todo lo posible para detener la transformación de la realidad colombiana. A cada medida del gobierno, sea la declaración de emergencia económica, la reforma a la salud, nombramientos claves o reforma laboral, otros poderes se atraviesan para impedir que se salga del actual estado de cosas.
Dos de los casos más notorios son el hundimiento en el Senado de la Reforma Laboral y la reciente suspensión temporal del decreto de emergencia económica anunciado hace unos días por la corte constitucional, contrariando su propia doctrina, que sostenía que tal suspensión no procede en procesos de constitucionalidad; de manera que se aplica por primera vez desde la vigencia de la constitución de 1991. Un mecanismo constitucional que solo se usa contra el gobierno Petro permite pensar en un sesgo de la Corte contra el actual gobierno.
En el caso del hundimiento de la reforma laboral, el gobierno pudo convertir una derrota en victoria, al revivirla mediante la consulta popular que obligó al congreso a discutirla y aprobarla, dejando claro ante la sociedad colombiana la diferencia entre el proyecto de derecha neoliberal que, durante el gobierno Uribe, recortó derechos laborales, y el proyecto progresista que devolvió esos derechos a los trabajadores.
La decisión del Consejo de Estado agita el clima político colombiano, ya agitado por estar en tiempos de campaña política. El gobierno tiene servida en bandeja de plata una oportunidad más para potenciar el discurso de que sus empeños por transformar Colombia son impedidos frecuentemente por otras ramas del poder público y legitimar así su llamado para renovar el congreso con mayorías progresistas, de manera que un segundo gobierno del Pacto Histórico pueda tener un mejor ambiente para continuar con las transformaciones que le ha propuesto a al país.
Veremos, si, una vez más, el establecimiento, buscando obstaculizar el proyecto progresista, termina creando una situación que le favorece políticamente. La cercanía de las elecciones hace pensar que es altamente probable que esta situación se refleje en un aumento en el apoyo electoral a las candidaturas del Pacto Histórico tanto a congreso como a la presidencia.
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