El Tribunal desestimó las finanzas de la concesionaria y anuló por corrupción el contrato celebrado con la ANI, dejando sin piso las reclamaciones por $ 2,7 billones
Dos árbitros terminan imponiéndole un laudo arbitral al árbitro designado por el sindicato. Y en la lista para escogerlos por sorteo la mayoría son abogados de los empleadores
