La contratación pública, en particular la relacionada con infraestructura vial, ha sido objeto de debate en Colombia debido a sus efectos fiscales, técnicos y operativos en los niveles nacional, regional y local.
Diversos análisis han señalado que el país mantiene un rezago histórico en infraestructura vial, situación que no se explica únicamente por la falta de recursos financieros, sino también por deficiencias en planeación, estudios técnicos y diseño de proyectos. El desarrollo integral del sistema de transporte requiere un enfoque multimodal que articule el transporte carretero con el fluvial y ferroviario, en concordancia con la geografía, la topografía y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Desde la apertura económica de los años noventa, la política pública priorizó el transporte por carretera. En ese mismo período se consolidó el modelo de concesiones y asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo para incorporar inversión privada en infraestructura. No obstante, informes técnicos elaborados por organismos como el Banco Mundial y la Sociedad Colombiana de Ingenieros advirtieron que, para cerrar el rezago vial, se requería una inversión sostenida cercana al 3 % del PIB anual durante varias décadas. Hasta 2025, la inversión total, incluida la privada, no ha alcanzado ese umbral.
En los últimos años, varios proyectos viales han registrado sobrecostos, retrasos y controversias contractuales. Entre las causas señaladas se encuentran la contratación sin estudios y diseños definitivos, presupuestos estimados sin suficiente sustento técnico y modificaciones posteriores en el alcance de las obras. Casos como los corredores Bogotá–Villavicencio, Bogotá–Girardot, Ruta del Sol, el Túnel de la Línea y proyectos ferroviarios han sido citados en distintos informes y debates públicos.
El modelo de concesiones viales se apoya, en gran medida, en el recaudo de peajes. Información divulgada por medios de comunicación indica que los ingresos por este concepto han aumentado de forma sostenida, en línea con el crecimiento del tráfico vehicular en los principales corredores del país.
Este conjunto de factores ha llevado a plantear la necesidad de revisar de manera integral el sistema de contratación pública en infraestructura, con énfasis en la obligatoriedad de estudios previos, análisis de costos realistas, proyecciones de tráfico y esquemas de control más efectivos. El objetivo de estas revisiones sería mejorar la eficiencia del gasto público, garantizar la sostenibilidad de los proyectos y contribuir al desarrollo económico y territorial del país.
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