El aumento del salario mínimo para 2026 fue de 22,99 % (≈23 %), y el acumulado entre 2022 y 2026 alcanza cerca del 75 %, decretado por el gobierno de Gustavo Petro. Esto no fue un acto de justicia social. Fue una puñalada económica y emocional que hoy ya sienten millones de colombianos con temor, miedo y desesperanza: pensionados, trabajadores formales, familias que sueñan con una vivienda propia, empresas, exportadores, importadores y grupos económicos que generan empleo. Lo que se vendió como protección terminó siendo una avalancha mortal de costos que recorre toda la economía colombiana.
Petro presentó el aumento acelerado del salario mínimo como un gesto moral, casi épico. Pero en la vida real ocurre otra cosa: todo se encarece, el empleo formal se frena de inmediato y el Estado sigue creciendo como si no existieran límites fiscales. El salario mínimo, lejos de ser un salvavidas, se convirtió en un disparador inflacionario y de pobreza.
En Colombia el salario mínimo no es solo el ingreso de algunos trabajadores. Es el número con el que se calculan multas, tarifas, aportes, contratos públicos, servicios tercerizados y buena parte del gasto estatal. Cuando se sube sin equilibrio, arrastra toda la economía.
El salario mínimo como techo, no como piso
Según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), el salario mínimo en Colombia dejó de ser un piso y se volvió un techo: más del 90 % del salario típico está pegado al mínimo, congelando la movilidad salarial. El Gobierno insiste en subirlo, pero no corrige los problemas de fondo —baja productividad, empresas frágiles, altos costos y poca inversión—, lo que no crea mejores salarios y sí destruye empleo formal. El resultado es una economía cada vez menos competitiva, donde producir se vuelve más caro y la prosperidad se reemplaza por empobrecimiento.
Pensionados: los primeros damnificados de este gobierno (2023–2026)
Veámoslo sin ideología, con números.
En 2026 el Gobierno fijó el salario mínimo en $1.750.905, frente a $1.000.000 en 2022, un aumento acumulado cercano al 75 %.
Las pensiones solo crecieron con la inflación, aproximadamente 37 % acumulado.
Una pensión de $2.000.000 en 2022 pasó a $2.736.000 en 2026, mientras esos mismos dos salarios mínimos hoy valen $3.501.810.
La pérdida es de $765.810 mensuales y más de $9 millones al año, cerca del 22 % de pérdida de poder adquisitivo frente al salario mínimo.
Se habla de “salario vital”, pero en la práctica es un salario letal: pobreza inducida para quienes ya no tienen cómo defenderse.
Vivienda VIS: el termómetro del daño
La vivienda de interés social muestra el impacto sin maquillaje. En 2022, una vivienda VIS podía costar $135 millones. En 2026, el tope subió a $236 millones, por efecto directo de la indexación al salario mínimo.
Un aumento cercano al 75 % acumulado en cuatro años.
El subsidio no creció en la misma proporción. El ingreso de las familias no alcanza. El crédito es caro. El resultado es predecible: familias que desisten, proyectos que no arrancan y constructoras en problemas. La necesidad de vivienda crece, pero la oferta formal se derrumba.
El salario mínimo que estrelló el empleo formal
Los sectores intensivos en mano de obra fueron los más golpeados. La construcción, que emplea a millones, cayó cerca del 40 % en nuevas obras. El comercio y el retail, con ventas débiles, hoy pagan entre 20 % y 30 % más por trabajador, reduciendo turnos y empleo formal.
La floricultura y la agricultura perdieron competitividad, afectando especialmente el empleo femenino y rural. En restaurantes, hoteles, transporte, vigilancia, aseo y servicios personales, el mayor costo laboral se tradujo en menos contratación formal y más trabajo precario. El resultado común es una informalidad que ya supera el 56 %, con menos empleo estable y mayor vulnerabilidad para los trabajadores.
Capital e inversión: el segundo golpe
En términos absolutos, desde enero de 2023 hasta el dato más reciente de 2025, Colombia ha dejado de recibir entre US$7.000 y US$9.000 millones en inversión extranjera directa frente a los niveles de 2022. No es una cifra abstracta: son menos fábricas, menos obras, menos empleo formal y menos dólares sosteniendo la economía.
Control constitucional urgente
El aumento del salario mínimo es demandable y hacerlo de manera urgente es razonable. Se vende como mínimo vital, pero opera mejor como mínimo electoral. Si la Corte Constitucional lo avala, el Gobierno celebrará una victoria política; si lo tumba, activará el libreto de la victimización y el conflicto. Con cara gana y con sello también. También el Consejo de Estado puede tumbar el decreto.
Pero el mínimo vital no es un acto de fe ni un mitin. Es un mandato constitucional que exige razonabilidad, gradualidad y protección del empleo formal. Convertirlo en herramienta de campaña puede rendir titulares hoy, pero suele cobrar mañana en informalidad, litigios y desgaste institucional.
La debacle fiscal y la emergencia económica en medio de la corrupción
Todo esto ocurre mientras el Estado está, literalmente, sin caja. Entre 2022 y 2025 el Presupuesto General de la Nación pasó de cerca de $350 billones a más de $500 billones. La deuda pública supera el 60 % del PIB, y solo el servicio de la deuda consume más de $100 billones al año.
El recaudo no cumplió las metas oficiales y obligó a recortes y maniobras contables. Por eso el Gobierno habla hoy de emergencia económica. Pero la verdad es incómoda: la emergencia no cayó del cielo. Es el resultado de gastar sin respaldo, legislar con consignas y tolerar corrupción, mientras la violencia y la inseguridad aumentan bajo una fallida “Paz Total”. Tenemos que rescatar a Colombia en el 2026 de las garras del Petrismo
Del mismo autor; Petro engañó al país, no a sí mismo para perpetuarse
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