Las cosas que empiezan mal suelen terminar mal, por muy bien intencionadas que se presenten. Un gobierno que desconoce o relativiza los principios más básicos del Estado de derecho para imponer sus políticas públicas, por “populares” que parezcan, no está fortaleciendo la democracia: la está debilitando.
La improvisación, la torpeza institucional y el desprecio por los procedimientos legales no son detalles menores; son señales de mediocridad en el ejercicio del poder. Cuando se gobierna a punta de atajos jurídicos, se erosiona la confianza ciudadana, se debilita la seguridad jurídica y se abre la puerta al autoritarismo disfrazado de justicia social.
Un ejemplo claro de esta forma de gobernar es el reciente incremento salarial decretado para los trabajadores del sector privado, mas no para los del Estado.
Más allá de que el aumento sea necesario y justo frente al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, resulta evidente que el Gobierno saltó los procedimientos legales establecidos para este tipo de decisiones.
No se acudió de manera adecuada al Comité de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, instancia prevista precisamente para discutir y concertar los ajustes salariales con la participación de las centrales de trabajadores, los empresarios y el Gobierno. Las centrales de trabajadores incluso habían planteado una propuesta de incremento inferior a la finalmente impuesta por el presidente.
Este tipo de actuaciones no solo vulneran el principio de legalidad y el respeto por los canales institucionales de diálogo social, sino que revelan una lógica peligrosa: decretar medidas al margen de la ley para luego, cuando las cortes o los órganos de control ejercen su función de revisión, presentarse como víctima de un supuesto “bloqueo” institucional. Así se instrumentaliza el control judicial para exacerbar los ánimos de la ciudadanía, polarizar a la sociedad y convertir la corrección jurídica en una oportunidad de agitación política y búsqueda de respaldo electoral.
El abuso sistemático de los contratos de prestación de servicios es otro ejemplo de esta vulgarización del Estado: se precariza el empleo público, se burlan las reglas de la carrera administrativa y se normaliza la excepción como forma de gobierno. Todo se presenta como soluciones rápidas y “del lado del pueblo”, cuando en realidad se profundizan prácticas que debilitan la institucionalidad, fomentan el clientelismo y vacían de contenido los derechos laborales que dicen defender.
No se trata de oponerse a reformas necesarias ni a mejoras en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores del Estado. Se trata de algo más básico: exigir que cualquier transformación se haga dentro del marco constitucional y legal, con respeto por los procedimientos, por el diálogo social y por las instituciones. Saltarse el Estado de derecho no es valentía política: es una forma de populismo que erosiona la democracia y, como casi siempre, termina perjudicando a quienes dice proteger.
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