El desarrollo debería traer riqueza y paz, no violencia desquiciada. Pero en Colombia, en las décadas de los 70, 80, 90 y hasta el 2000, con los inicios y el fortalecimiento del paramilitarismo, el naciente narcotráfico y el despliegue de los grupos guerrilleros, ocurrió lo contrario.
No se tuvieron en cuenta los derechos humanos, ni de las comunidades ni del medio ambiente. Los megaproyectos para el desarrollo en las regiones se imponían por encima de cualquiera en los territorios y ni siquiera eran socializados con las poblaciones.
Por eso, la construcción de la gigantesca hidroeléctrica en el municipio de San Carlos, ubicado en el Magdalena Medio antioqueño, a pesar de que prometía desarrollo, causó protestas, ya que, según las comunidades, vulneró sus derechos, desplazándolas. En lugar de resolverse ese problema a través del diálogo, se acudió a lo más rápido y bárbaro: la violencia.
Para entonces se había creado en ese municipio y otros circundantes el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA), surgido principalmente en las décadas de 1970 y 1980. Fue una organización de resistencia civil que defendió el territorio frente a los impactos sociales y ambientales de los megaproyectos hidroeléctricos y de infraestructura.
Como es de suponerse, por esos tiempos todo lo que se opusiera a las acciones gubernamentales o no gubernamentales era considerado procedente de la guerrilla, con el fin de justificar respuestas belicosas por parte de los grupos paramilitares para frenar a los supuestos enemigos de un Estado que no ejercía —y todavía no lo hace— presencia ni autoridad en las regiones olvidadas.
El MCOA era liderado por comunidades y líderes locales que buscaban reivindicar derechos ante el abandono estatal, pero fueron objeto de un sistemático exterminio durante la guerra sucia que ya todos conocemos cómo ocurrió y cuántas vidas inocentes cobró.
Es decir, el MCOA en la región antioqueña mencionada nació como respuesta a la construcción de centrales hidroeléctricas por parte de EPM, la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdova, que transformaron la situación del territorio, pero generaron descontento por las tarifas altas y el desplazamiento, sobre todo en El Peñol.
El MCOA defendía el sentido de pertenencia territorial, buscaba el desarrollo local, exigía inversión estatal y luchaba contra la exclusión en la gestión de los recursos naturales. Esa organización había logrado gran capacidad organizativa en municipios como El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Marinilla y Rionegro. Sin embargo, el movimiento fue víctima de asesinatos selectivos y de una represión brutal, derivando en un conflicto con los grupos armados tradicionales como la guerrilla de las FARC en los años 80 y 90.
Uno de los primeros hechos violentos para detener esa organización cívica fue el vil y cobarde asesinato de un joven y carismático médico. Se había ganado el afecto de los habitantes del municipio de San Carlos. No era de la región, sino costeño, más exactamente de la ciudad de Santa Marta. Había llegado a San Carlos a hacer el año rural tras culminar sus estudios de bachillerato en el Liceo Celedón de Santa Marta y sus estudios de medicina en la Universidad de Cartagena.
Su nombre era Julián Darío Conrado David y tenía entre 30 y 33 años cuando arribó a esa localidad del Magdalena Medio antioqueño. Gracias a su carisma, educación, sencillez y empatía, no solo se sumó a las protestas de los pobladores, sino que también se integró muy rápido a la comunidad, haciendo suyos los problemas colectivos.
Se integró al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA) antes de que comenzara su exterminio. Tras cumplir su año rural en ese municipio y decidir quedarse, su actividad como médico consistió, además de atender a campesinos y organizar jornadas de salud, en liderar el Movimiento Cívico, un esfuerzo por exigir mejores servicios, tierras dignas y participación real en un territorio marcado por las grandes represas hidroeléctricas y el clientelismo político.
Pero un domingo, el 23 de octubre de 1983, un sicario lo esperó. Los disparos resonaron en el silencio del pueblo. Julián cayó acribillado a la entrada de su consultorio. No hubo testigos que hablaran de inmediato; el terror ya empezaba a mudarse a las casas. Los asesinos, según relatos posteriores, se refugiaron en el cuartel de Policía local. Nadie fue capturado. El crimen quedó en la impunidad.
Ese balazo no fue solo el fin de un hombre. Fue el inicio de una guerra sin cuartel contra la organización social en San Carlos. El Movimiento Cívico comenzó a ser desmantelado sistemáticamente.
Semanas y meses después cayeron otros líderes: Ramón Emilio Arcila, en 1984, y decenas más en los años siguientes. Las amenazas se volvieron ejecuciones selectivas; las ejecuciones, masacres colectivas. A finales de los 80 y durante los 90, el Magdalena Medio antioqueño se convirtió en escenario de múltiples violencias.
Las FARC y el EPL llegaron primero, imponiendo su control con extorsiones, reclutamientos forzados y tomas armadas. Los paramilitares respondieron con los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC, con masacres y desapariciones. Narcotraficantes financiaban y se aliaban con distintos actores según su conveniencia.
Entre 1985 y 2006, San Carlos pasó de tener cerca de 26.000 habitantes a apenas 11.000. El “éxodo” no fue voluntario: fue una huida masiva ante el terror.
Treinta y tres masacres documentadas entre 1995 y 2005 dejaron cientos de muertos; 156 desapariciones forzadas; 76 víctimas de minas antipersonales; puentes volados, torres de energía dinamitadas y tomas guerrilleras. Veredas enteras quedaron despobladas y el casco urbano se convirtió en un pueblo fantasma.
Como señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra, ese crimen inauguró una época de terror que condensó los horrores del conflicto en un solo municipio.
Hoy, décadas después, San Carlos intenta reconstruirse. Hay retornos parciales y colectivos que defienden los ríos y la tierra. Pero el silencio de aquel mediodía de 1983 aún resuena.
En 1983 yo estaba estudiando segundo semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, cuando supe la noticia a través de mi familia. Tenía 23 años.
Julián era cercano a mi familia, pues un hermano mayor suyo estaba casado con una hermana mía. Además, había estudiado el bachillerato en el Liceo Celedón junto con mi hermano Arnaldo y otros amigos profesionales, entre ellos el hoy médico Alfonso Vives.
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