La consigna de que “Europa merece ser inundada” por migración “ilegal” pretende sonar como justicia histórica, pero en realidad empobrece el análisis: convierte a seres humanos en instrumento de castigo, naturaliza la irregularidad como método y sustituye la política pública por una fantasía punitiva.
La migración no puede convertirse en herramienta de retaliación histórica
Una reflexión política, sociológica e histórica más rigurosa puede sostener una tesis distinta y mejor fundada: la migración contemporánea hacia Europa está entrelazada con una historia de dominación colonial que generó vínculos, dependencias y desigualdades persistentes; por tanto, Europa no “merece” el caos, pero sí tiene responsabilidades especiales para construir vías legales, garantizar derechos y corregir asimetrías estructurales que siguen empujando desplazamientos.
Ese entrelazamiento se vuelve evidente cuando se nombra, sin eufemismos, quién colonizó a quién. Reino Unido ejerció dominio directo sobre el subcontinente indio durante el periodo conocido como el “British Raj” (1858–1947), que culminó con la independencia y la partición de India y Pakistán.
En África oriental, el mismo imperio administró Kenia como colonia, y la rebelión Mau Mau (1952–1960) se desarrolló en el marco de esa administración colonial. Francia, por su parte, instauró dominio colonial en Argelia desde 1830 y lo mantuvo hasta la independencia en 1962, con un patrón de conquista y control que dejó marcas profundas en la organización social y política. En el Sudeste Asiático, Francia construyó la llamada Unión Indochina, integrando territorios que hoy corresponden a Vietnam, Laos y Camboya bajo estructuras coloniales que transformaron sus economías y administraciones.
El caso de Bélgica es crucial para entender el carácter extractivo del colonialismo tardío: el Congo Belga (1908–1960) sustituyó al Estado Libre del Congo y consolidó un régimen colonial sobre el territorio que hoy corresponde a la República Democrática del Congo, en un contexto internacional ya marcado por denuncias de abusos. Esta relación histórica no es un dato decorativo: es parte del trasfondo de por qué existen rutas migratorias, redes lingüísticas, conexiones familiares y asimetrías económicas que hacen que Europa sea un polo de atracción para poblaciones que durante décadas —o siglos— fueron integradas a una economía imperial desde posiciones subordinadas.
También es indispensable mencionar el papel de los Países Bajos en el archipiélago que hoy es Indonesia: el territorio conocido como las Indias Orientales Neerlandesas fue uno de sus dominios de ultramar hasta 1949, y su administración colonial fue un proceso de larga duración que transformó instituciones y economías locales. En el mismo registro, Portugal estableció y expandió control colonial en Angola desde el siglo XVI, con base en Luanda desde 1575, y mantuvo estructuras coloniales que moldearon territorio y sociedad por siglos. En Mozambique, la colonización portuguesa se consolidó gradualmente, y el proceso de dominación y explotación forma parte constitutiva de su historia moderna.
Incluso potencias coloniales de menor duración relativa dejaron huellas relevantes. Alemania administró África Oriental Alemana como dependencia imperial, correspondiente a zonas de la actual Tanzania continental y a los territorios que hoy son Ruanda y Burundi, dentro del reparto colonial europeo de finales del siglo XIX. Italia conquistó las provincias otomanas de Tripolitania y Cirenaica (la actual Libia) tras la guerra italo-turca de 1911–1912, abriendo un ciclo de dominación colonial italiana. Y España sostuvo un dominio colonial prolongado en Filipinas, cuya administración se extendió hasta 1898.
Nombrar estas relaciones no busca repartir culpas biológicas ni condenas étnicas; busca mostrar que la migración no aparece en un vacío moral, sino en un campo histórico donde Europa fue actor central. La sociología histórica y la economía política comparada han insistido en que la colonización dejó legados institucionales distintos —más extractivos o más inclusivos— y que esos legados se asocian con trayectorias divergentes de desarrollo, capacidad estatal y desigualdad; esa es una de las razones por las cuales las brechas globales tienden a persistir y a traducirse en movilidad humana.
Si el orden colonial ayudó a configurar la desigualdad estructural, la respuesta democrática no puede ser el desborde ni la ilegalidad, sino la construcción de rutas legales y políticas responsables.
Por eso la tesis sólida no es que Europa “merece ser inundada”, sino que Europa —precisamente por esa historia concreta de dominación de unos países sobre otros— tiene una obligación política y moral reforzada de gestionar la movilidad con justicia, eficacia y respeto de derechos. Cuando se cierran vías legales mientras se sostienen economías que demandan mano de obra, lo que crece no es el “orden”, sino la irregularidad y la explotación; cuando se reconoce el vínculo histórico y se gobierna con instituciones, lo que puede crecer es la cohesión social.
La memoria poscolonial, en última instancia, no sirve para justificar castigos colectivos: sirve para exigir coherencia entre los valores proclamados y las políticas realmente implementadas.
Queda por insistir en preguntar: ¿Cómo se transformarán política, cultural y espiritualmente las grandes naciones europeas en cincuenta años? ¿El fortalecimiento de los grupos nacionalistas protegerá la identidad cultural y psicológica de los europeos o los conducirá a escenarios de confrontación interna?
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