La polarización política en Colombia tendrá un primer punto de inflexión en las elecciones del 8 de marzo. La votación por las listas al Congreso y las consultas presidenciales marcará el tono de la contienda electoral, así como las fuerzas que llegarán con mayor impulso a la primera vuelta.
En este escenario, el presidente Gustavo Petro mantiene la iniciativa política. La propuesta de una emergencia económica, el debate sobre una eventual constituyente y el planteamiento de un salario mínimo vital se han instalado como ejes centrales del debate público, con claros efectos en la agenda electoral.
Las iniciativas orientadas a una mayor carga tributaria para los patrimonios altos, las rentas más elevadas y las utilidades extraordinarias del sector financiero se presentan bajo el discurso de la progresividad y la equidad fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un conjunto amplio de políticas sociales: el aumento del salario mínimo, el bono pensional para adultos mayores sin ingresos, la financiación de la universidad pública, las reformas laboral y pensional y la entrega de tierras como parte de la reforma agraria.
No obstante, este paquete de propuestas también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal. La falta de aprobación del presupuesto y de la ley de financiamiento por parte del Congreso abre un escenario complejo que podría afectar la continuidad de las políticas sociales y tensionar las finanzas públicas. Este contexto, a su vez, se ha convertido en un elemento central del debate político entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La confrontación con los gremios, los medios de comunicación, las cortes y los organismos de control hace parte de una dinámica política que el Gobierno interpreta como expresión de conflictos estructurales no resueltos. Desde la oposición, en cambio, se cuestiona la viabilidad económica y la estabilidad institucional de varias de estas propuestas.
El presidente busca posicionar su agenda de reformas en un contexto en el que los sectores de derecha muestran fragmentación y dificultades para consolidar liderazgos y proyectos programáticos unificados. La ausencia de una propuesta clara más allá de la crítica al Gobierno ha limitado su capacidad de disputar la iniciativa política.
Por su parte, el discurso oficial ha logrado conectar con sectores populares y con una parte de las clases medias, al centrarse en políticas que inciden directamente en la vida cotidiana. El salario mínimo, los subsidios y los programas sociales se han convertido en herramientas clave de comunicación política y de movilización electoral.
La oposición, en cambio, ha concentrado buena parte de su mensaje en las preocupaciones de la clase media, afectada por las altas tasas de interés y el costo de vida. Sin embargo, este segmento no es homogéneo y una fracción significativa respaldó al actual presidente en las elecciones de 2022, lo que mantiene abierto el escenario electoral.
En términos macroeconómicos, el Gobierno destaca la reducción de la inflación, la estabilidad del dólar, una mejora moderada del crecimiento y una disminución del desempleo. Estos indicadores conviven con desafíos persistentes, como la baja productividad y el impacto de las tasas de interés sobre el crédito y el consumo.
De cara a las elecciones, se habla de una posible convergencia de la derecha alrededor de una candidatura única, aunque las divisiones internas y los cálculos políticos hacen incierto ese escenario en la primera vuelta. Todo indica que la campaña se definirá en un contexto de alta polarización, donde la capacidad de movilización y la lectura del momento económico serán determinantes.
El 8 de marzo no cerrará el debate político, pero sí permitirá medir el respaldo real a las propuestas del Gobierno y el margen de maniobra de sus opositores en el tramo decisivo del calendario electoral.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
