Objeciones del gobierno, un palo en la rueda de la paz

El presidente está asumiendo una postura peligrosa: sin tener mayorías abultadas en el Congreso, va a ser sometido a un pulso político del cual puede no salir bien librado

Por: carlos eduardo lagos campos
marzo 11, 2019
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Objeciones del gobierno, un palo en la rueda de la paz
Foto: Twitter @IvanDuque

Tras la presentación de objeciones a seis de las disposiciones de la ley estatutaria de la JEP, analistas prevén que las consecuencias son más de carácter político que jurídico, toda vez que estas reflejan el sentir del ala más recalcitrante del Centro Democrático, encabezada por Uribe Vélez y Fernando Londoño, quien había prometido “volver trizas” los acuerdo de paz con las Farc. Esto, por supuesto, va a generar un ambiente de polarización política en el Congreso al considerarse que no deja de ser un entramado del gobierno para dilatar este proceso.

Ahora bien, de alguna manera se estaría violando el compromiso de búsqueda de la unidad y consenso que había realizado Iván Duque, ello porque se hace a sabiendas de que este es un tema sensible, que se entendía superado por quienes apoyamos el proceso de paz y que volverá a dividir en dos al país.

Entremos en detalle. En efecto, son seis las objeciones realizadas por el ejecutivo: el artículo séptimo por considerar que no está clara la forma de reparar integralmente a las víctimas; el inciso octavo del artículo 63  porque no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado de paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados y que acogieron al proceso (según el gobierno debe ser competencia del alto comisionado); el inciso tercero del literal 3 del artículo 79, el cual no precisa las diligencias que la Fiscalía debe abstenerse de realizar (para el gobierno es importante precisar cuándo se deben suspender las investigaciones en la justicia ordinaria); el parágrafo 2 del artículo 19, en el sentido de que el Estado no debe renunciar a la acción penal sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad; el artículo 150 no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP al expresar que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas; el artículo 153 porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer términos para hacerlo

Con eso claro cabe decir que lo que sí pondría en serios aprietos la estabilidad de los acuerdo con las Farc es la intención del gobierno de presentar a una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 que elevó a rango constitucional dichos acuerdos, esto con la justificación de excluir delitos sexuales contra niños de la justicia transicional; la pérdida de beneficios en caso de y el tránsito de los delitos que se hayan comenzado antes de los acuerdos pero que continúen ejecutándose a la justicia ordinaria.

Para el profesor Luis Gabriel Rodríguez, miembro del Centro de Pensamiento Libre: “Las objeciones de Duque a la ley estatutaria sobre Justicia Especial para la Paz deben abrir el debate de la necesidad de reformar la objeción presidencial por inconveniencia política. Una ley que dio el debate político en Congreso, tan controversial y necesaria para el país, que fue estudiada y avalada integralmente por la Corte constitucional, no puede ser detenida de esa manera y con argumentos jurídicos llenos de errores y manipulación a favor del gobierno de turno. Para la opinión pública que hoy asume posiciones de corte jurídico es muy difícil hacerle entender que se desconoció el Estado social de derecho y se privilegió el revanchismo político”.

Comparto la anterior posición en el sentido de que la posibilidad de legislar en sentido negativo al ejecutivo debe reservarse únicamente al control de constitucionalidad. Esa reforma del acto legislativo modificaría la estructura del acuerdo, el cual considera como competencia de la JEP los delitos que según el acuerdo se consideraron conexos y que fueron aceptados por las partes y avalados por la comunidad internacional. De alguna manera, el partido de gobierno de la mano del fiscal no han ahorrado esfuerzos para de manera estructurada desprestigiar a la jurisdicción especial y de esa manera crear un ambiente propicio para este debate. Lo cierto es que no hay claridad sobre lo que persigue el gobierno al ponerle palos a la rueda de la paz, más a sabiendas de que los efectos jurídicos de estas objeciones que pasarán nuevamente por la Corte Constitucional no están del todo claros.

Pues bien, según varios analistas, estas objeciones no solo encienden el termómetro constitucional sino el del derecho internacional, toda vez que existen garantes de estos acuerdos y los mismos fueron depositados para ampararlo bajo los convenios de Ginebra ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra. Esto implicaría entre otros mecanismos denunciar el incumplimiento del acuerdo de paz por el actual gobierno, recordemos que la ONU es uno de los garantes del acuerdo de paz, lo mismo que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (un organismo que vigila la implementación del acuerdo de paz y su incumplimiento).

Tanto el gobierno como la oposición requieren de 53 votos para reformar las seis normas objetadas o simplemente votar en contra de la objeción, ante lo cual el presidente no podría volver a objetar por las mismas razones. Como lo expresó el profesor Luis Gabriel Rodríguez: las objeciones no son más que peros que se le ponen al desarrollo de los acuerdo de paz, porque ante el pronunciamiento previo de constitucionalidad y el aval de la comunidad internacional, pero principalmente ante la existencia de un acuerdo con el grupo subversivo, frente a elementales principios de seguridad en los acuerdos, no sería aceptable modificar puntos que toquen de alguna manera el acto legislativo.

Bajo este panorama, el presidente Duque está asumiendo una postura peligrosa porque sin tener mayorías abultadas en el Congreso va a ser sometido a un pulso político del cual creemos no va a salir bien librado. Si bien no se paraliza el funcionamiento de la JEP, este tipo de talanqueras generan incertidumbre en su desarrollo y funciones.

Por su parte, diferente líderes políticos se han manifestado al respecto:

El expresidente César Gaviria expresó: "Por tratarse de un procedimiento especial el del denominado fast track, por tratarse de una ley estatutaria ya revisada por la Corte y por el hecho de que la propia Corte decidió en su parte resolutiva que el proyecto debería enviarse al Presidente para 'su sanción' considero necesario que, antes de iniciar con el trámite legislativo en el Congreso, para estudiar las objeciones presidenciales se consulte a la Corte Constitucional si son posibles las objeciones o si por el contrario se debe negar su trámite".

Así mismo, el senador Roy barreras señaló: “Los que creen que objetando la ley le hacen daño a la JEP se están equivocando porque si no hay ley estatutaria, aunque objeten dos artículos, le anticipo, esa ley se muere en el Congreso; y si no hay ley estatutaria lo que ocurre es que la JEP puede hacer lo que se le dé la gana”.

Y el profesor Carlos Alfonso Velásquez dijo: “Las seis objeciones tendrán argumentos a favor y en contra en el debate que se tiene que dar en las dos cámaras. Dudo mucho que sean aprobadas especialmente en la Cámara. De todas maneras será un período de desgaste para Duque. En el fondo todo se debe al hecho de que la mayoría del CD, con Uribe a la cabeza, por una parte no han aceptado que a las Farc no se les derrotó políticamente y, por otra, que debido a la no derrota se ideó la justicia penal transicional que es diferente a la retributiva que privilegia a las víctimas más que en el sentido de indemnización económica, en el moral, es decir en el conocimiento de la verdad de los vejámenes que sufrieron”.

Finalmente, alrededor de 150 personalidades, dentro de las que se encuentran miembros de los equipos negociadores del acuerdo de paz, periodistas, congresistas de las comisiones de paz, exministros, juristas, empresarios, excomisionados de paz, organizaciones de derechos humanos, artistas, un expresidente de la Corte, académicos, víctimas del conflicto armado y ciudadanías organizadas en torno a la paz, enviaron al secretario general de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional una carta en la que denuncian los intentos del gobierno, a nombre de Iván Duque, a quien se acusa de desconocer e incumplir de manera caprichosa el acuerdo de paz sellado con las Farc.

Mientras tanto, el Partido Liberal como los demás que apoyaron los acuerdos cerrarán filas. Se vaticina una nueva división política frente a un gobierno que se califica como no independiente y que se acusa de ser regido tras bambalinas.

Amanecerá y veremos.

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