La dicotomía que está prevaleciendo en los debates ya no es de ‘comunismo’ contra capitalismo; se vuelve a veces más difusa entre ‘izquierda’ y ‘derecha’,’ o más focalizada sobre una supuesta alternativa entre ‘sector privado’ y Estado.
Es de anotar que algo falta en los análisis ‘políticos’. Y no es la ‘tercera via’, ni en el centro, ni en los ni-ni donde está la omisión.
Una experiencia interesante de la Fundación para el Desarrollo del Upia permite hacer una reflexión. Su eslogan ha sido “Unidos generando paz y progreso”. Y el símbolo que adoptó fue el del fogón de tres piedras que es cómo se cocina en el campo. Así se logró desarrollar lo que ha sido consistentemente el municipio de mayor crecimiento del país a lo largo de sus 30 años de existencia.
Las tres piedras para el fogón fueron la comunidad, el empresariado y el sector público (el Estado).
El principio es que la comunidad expresaba sus necesidades, el empresariado hacía el lobbyng a nombre de la Fundación y así el Estado sabía las necesidades y respondía a ellas. Nacida en condiciones de mínima población y de ninguna entidad política se pudo manejar plebicitariamente en sus inicios como ‘Cabildo abierto’.
De una población de menos de 50 casas hoy alberga a más de 60.000 habitantes. De un producto regional que fuera del pancoger no alcanzaba el equivalente al valor de mil novillos (menos de 500.000 dólares), hoy ejerce un liderazgo regional en palma africana, arroz, reforestación, pesca, y es importante fuente de recursos energéticos (petróleo y producción con biomasa). De un presupuesto de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000) con el que nació hoy maneja recursos por ochenta y dos mil millones de pesos ($82.000.000.000)
Es en pequeño el modelo suizo donde toda decisión se toma plebicitariamente pero solo por parte de quienes son afectados y están capacitados (Ejemplo cuando solo votaban quienes tenían armas para decidir temas de guerras). Según la naturaleza de la decisión se vota en la Comuna, en el Cantón, o en la Federación.
El modelo ‘democrático’ está en decadencia por la forma en que se atropella su institucionalidad (separación de poderes, pesos y contrapesos, confiabilidad del sistema electoral, etc) ; más aún en cuanto a la forma en que se desatienden sus propósitos (igualdad, justicia, dignidad, Derechos Humanos). Debemos prescindir de la fijación obsesiva en la palabra ‘Democracia’ como sinónimo de “bueno”, y salir de la confusión de si se habla de un modelo político de Estado o de una aspiración y defensa de ciertos valores. Buscar complementar los patrones convencionales de elecciones, pesos y contrapesos, etc. y buscar guiarse por la expresión de los ciudadanos en los temas que los conciernen.
La estructuración de la regionalización pendiente en la redacción de la Ley de Competencias aportaría un acercamiento a los intereses directos de la población
Es en cierta forma lo que aportaría la estructuración de la regionalización pendiente en la redacción de la Ley de Competencias al intentar un acercamiento a los intereses directos de la población. Pero no basta el reforzar la autonomía administrativa. A menos que se institucionalice en una forma apropiada y efectiva la expresión de la voluntad ciudadana, los mecanismos para delegar siempre recaerán en individuos que responden y manejan intereses económicos o políticos personales, y se repetirán los vicios y defectos que se viven bajo el centralismo.
El modelo de manejo similar al del Estado -con Asamblea y Gobernación y/o alcalde y Consejo- tiene las mismas limitaciones y cae en los mismos defectos. Difícil es llegar a la participación directa en la administración; pero sí debería ser posible hacerlo en la toma de decisiones. La representatividad sirve para montar un sistema de administración, pero no para expresar la voluntad de la población. Para esto hace falta sondear y concretarla mediante una instancia en la cual pueda participar quien solo tenga interés y sea afectado por el tema que se trate.
Es lo que valdría pena complementar y desarrollar en la Ley de Competencias, reglamentando las consultas populares y mecanismos de participación a nivel local y regional en forma tal que sean funcionales.
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