Nuestras niñas no deben ser parte de ninguna forma organizada de delitos. De ninguno. Es ilegal y horrible que recluten niños, niñas o adolescentes, y es igualmente abominable que los induzcan o los acepten en esas actividades. En ninguna modalidad, por ningún motivo, podremos nunca ni compartirlo ni excusarlo.
La modalidad mediante la cual los capten para esas actividades es irrelevante. Tratándose de quienes apenas están formando su criterio, y siendo que estamos convencidos de que aún no deberían resolver aspectos de su vida que los van a marcar para siempre, está mal que se los lleven a la fuerza, pero también que los seduzcan con promesas o los engañen para que abandonen su vida y opten por el crimen.
Las niñas, los niños y los adolescentes deben estar en sus hogares, yendo al colegio, compartiendo vivencias que los formen como los mejores colombianos y seres humanos. Ninguna actividad relacionada con el crimen, la violencia o el delito, así sea apenas complementaria o accesoria, es viable para ellos. La sola idea de que formen parte de esas cadenas de horror es inadmisible. Nada bueno sale de ahí y cada minuto en que protagonicen esas labores es para mal.
La sola idea de que formen parte de esas cadenas de horror es inadmisible
Ningún objetivo justifica ese medio. Dañar la vida de los chiquitos, torcer el futuro de los que no pueden defenderse de eso, condenar a las generaciones arrastrando de manera cobarde a inocentes, no se justifica ni por ideologías y menos por codicia. Nunca fue correcto, pero ahora que es tan claro que ninguno de los grupos armados que opera en Colombia tiene, ni de lejos ni de cerca, ningún ideal de nada, es doblemente condenable que se sigan usando nuestros menores para las violencias.
Algo tan horrible está, obvio, condenado en los compromisos internacionales de Colombia, constituye un delito de guerra, es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y siempre ha sido perseguido por la Corte Penal Internacional.
Entre nosotros, los derechos de ellos son no solo fundamentales, sino prevalentes. Eso, que parece un tema leguleyo, es muy de fondo. Implica que, a diferencia de los demás derechos de las demás personas, como sociedad entendemos que no deben existir concesiones recíprocas entre los derechos de los niños y otros, sino que, en cualquier situación, por cualquier motivo, siempre los de ellos deben ser la prioridad, sin ninguna limitación o restricción.
En esto no hay culpas compartidas. Quienes, por acción, descuido o inacción, contribuyen a que nuestros retoños se condenen en el delito no pueden excusarse en ninguna voluntad o supuesta decisión del menor. Esos menores no tienen ni las condiciones, ni las capacidades, ni la conciencia de las consecuencias que se necesitaría para dar un “sí” a eso. De esa manera, tanto legal como éticamente, la carga siempre estará en los adultos y somos los “grandes” los que debemos tomar el comando para que no pase.
Una niña que crezca en la violencia tiene, por obvias razones, muchas posibilidades de hacerse una adulta violenta. Si se hacen adultos pensando que el camino para su desarrollo, para lograr lo que querrían, es abusando de otros, viendo modelos a seguir de cafres y malvados, no habría mucho que luego se pueda hacer para corregirlos para el mundo del bien. Esos hijos de la violencia, por fuerza, serán los violentos de mañana.
Esas niñas, esos niños son víctimas de la maldad en las generaciones que los antecedieron necesitan nuestra protección y nuestro compromiso. Sin dudas, sin ambivalencias, sin “peros” o condiciones, todos ellos son la parte débil y los afectados. Si existe un propósito que debería unirnos es el de lograr que no pase más, que no pase nunca, y que quienes ya han sido afectados por ese horror puedan retomar su rumbo de ser nuestra esperanza.
Anuncios.
Anuncios.
