Las razones por las que Andrés Felipe Arias no es un perseguido político sino un criminal

La imagen del exministro arropado por su esposa enternecieron a mucho pero Arias cometió delitos por los que debe pagar

Por: carlos eduardo lagos campos
julio 18, 2019
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Las razones por las que Andrés Felipe Arias no es un perseguido político sino un criminal

Los colombianos fuimos testigos por diferentes medios de comunicación del sufrimiento de la esposa y los pequeños hijos del ciudadano Andrés Felipe Arias; según el propio Arias, su familia y sus seguidores se trataba de una verdadera injusticia, pues hasta ahora insisten que “él” no se robó nada.

En verdad este fue y sigue siendo un capítulo que movió la sensibilidad de una gran parte de la audiencia colombiana, en especial un aparte que se transmitió en vivo y en directo donde el exministro juzgado por la Corte Suprema de Justicia pedía en estrados que se le permitiera defenderse en libertad, junto a su esposa y sus amados hijos.

Pues bien finalmente y tras haberse evacuado todas las pruebas solicitadas por las partes, el tribunal consideró que este ya no ponía en peligro la integración de la prueba al proceso y acogió su petición de concederle la libertad; pero más tardó la Corte en hacerlo en que el ministro pusiera “pies en polvorosa” y viajara para los estados unidos donde solicitó asilo político y vivía “a todo dar” con su familia.

Incluso Otto bula manifestó que Arias tenía un sobresueldo de Odebrecht: ““Era un hombre cercano a Odebrecht, y Odebrecht le tenía como una gratificación o le regalaba una plata mensual al exministro Andrés Felipe Arias, que ayudó en el tema ese de Odebrecht” afirmó el exsenador a diferentes medios de comunicación.

Lo cual podría generarnos un margen de duda sino fuera porque también fuimos testigos por los medios de comunicación que una vez retirado del ministerio y anunciado su candidatura a la presidencia de la república lo vimos reunido en el palacio con el propio Marcelo Odebrecht, sus más altos funcionarios y el “Presidente Eterno” Álvaro Uribe Vélez, ahí sí muy feliz y contento.

¿Qué hacía un exministro en esa reunión? Esto y lo del sobresueldo de Odebrecht será algo que tendrá que explicar el exministro Arias ante las instancias judiciales y no en razón de una segunda instancia sino en razón de un nuevo proceso, como lo han solicitado diferentes dirigentes políticos y algunos líderes de opinión.

El mismo melodrama que observamos en Colombia, lo vimos ante las cortes de los Estados Unidos de Norte América y ante el Comité de DD.HH. de la ONU, donde si bien esta última reconoció que se violó “su derecho a la doble instancia y la afectación grave y desproporcional de sus derechos políticos por condenarlo a inhabilidad perpetua” también es cierto que constitucionalmente esta no aplicaría para los casos de cosa juzgada y por supuesto se debe estudiar esta figura para el caso concreto de los aforados; porque quienes en el mundo tienen instancias judiciales especiales, normalmente no tienen una segunda instancia, pese a que está es una oportunidad procesal para rebatir las decisiones de los jueces de primera instancia, los cuales no son infalibles.

Pero antes de adentrarnos en el estudio del instituto procesal de la doble instancia, es oportuno primero recordar cuáles fueron las razones que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a condenar al ex ministro, con el fin de desvirtuar otro incesante clamor de quienes defienden esta causa al manifestar hasta la saciedad que Arias “no se robó un solo peso” y con ello contribuir no solo con esta causa, sino también con el propósito deliberado de desprestigiar a nuestras instituciones con el fin de obtener réditos políticos y judiciales que se resumen en la impunidad, flaco favor le hacen a nuestra democracia.

Según la redacción de justicia del periódico El Tiempo de fecha 12 de julio 2019. Estas son algunas de las conclusiones de la Corte en su decisión:

* “Utilizó millonarios recursos de Agro Ingreso Seguros con criterios alejados de la equidad y la transparencia. La función pública se puso al servicio de intereses particulares, los del ministro, a través de la adopción de decisiones discrecionales, con las cuales se prohíja la corrupción y el desgreño administrativo, la inequidad y el exclusivismo, además del deterioro de la imagen del Estado".

* La Corte determinó que Arias hizo trampas para evadir la licitación pública que requerían los fondos destinados al programa —casi 300.000 millones de pesos en tres años— y que, a conciencia, dejó puertas abiertas que fueron utilizadas por los beneficiarios de la costa Atlántica para fraccionar sus megafincas y lograr más de un subsidio.

*Desde antes de la existencia de AIS, el exministro empezó a traspasar los límites de la legalidad para darle vida a ese programa. Así, los testimonios de dos de sus manos derechas en la cartera de Agricultura, entre ellos su viceministro Fernando Arbeláez, muestran, para la Corte, que Arias tenía intereses no claros.

*Desde el 2006 empezó a buscar recursos para AIS, "pese a que ni siquiera existía claridad sobre los instrumentos para ejecutarlos, lo cual denota falta de una planeación seria, respetuosa de la naturaleza, cuantía y destinación de los dineros sobre los cuales recaía dicho gasto", dice la sentencia

* La Corte cuestionó que Arias usó un atajo jurídico, la figura de la cooperación en ciencia y tecnología, para firmar tres convenios con el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA), que se limitó a administrar los recursos según las instrucciones del ministerio.

*Arias, dice la Corte, no se quedó con dinero del programa, pero sabía del riesgo de que beneficiarios pudieran parcelar sus tierras para recibir más de un subsidio y no estableció controles para impedirlo”.

*La Corte señaló que hubo puerta giratoria en la administración del programa. Por ejemplo Carlos Manuel Polo Jiménez, estuvo en el ica, después fue nombrado por el ministro como subgerente de Infraestructura de Adecuación de Tierras del Incoder y era, a la vez, ficha del condenado exsenador Luis Eduardo Vives Lacouture”.

La segunda instancia

El Estado colombiano acogió las recomendaciones de la Corte Interamericana de derechos Humanos y las decisiones del Comité de DD.HH. de la ONU y legisló sobre este tema emitiendo el acto legislativo No. 01 del 18 de enero de 2018 el cual estableció que la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigue y acuse ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los aforados, quienes sean condenados pueden apelar ante la Sala Penal de la Corte.

El problema que se presenta es que esta disposición únicamente aplica para los procesos que se encuentran vigentes o en curso al momento de su expedición; razón por la cual no existiría recurso alguno contra la sentencia condenatoria que fue dictada en única instancia al tenor de las leyes al momento de la condena en el año 2014.

Límite de las leyes en el tiempo

La Corte Constitucional en Sentencia C-619/01 analizó este fenómeno y expuso:

“En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.

Ley-efectos sobre situaciones jurídicas en curso

Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.

Tránsito de legislación-efectos/ley-situación jurídica extinguida/ley-situación jurídica en curso.

Las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Cuando no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata. La aplicación o efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.

La naturaleza de una disposición no depende del lugar en donde aparece incluida, sino de su objeto. Si dicho objeto es la regulación de las formas de actuación para reclamar o lograr la declaración en juicio los derechos sustanciales, la disposición será procedimental, pero si por el contrario ella reconoce, modifica o extingue derechos subjetivos de las partes, debe considerarse sustantiva. Para no contrariar la Constitución, la ley procesal nueva debe respetar los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de este tipo de disposiciones materiales, aunque ellas aparezcan consignadas en estatutos procesales.”

El problema se presenta entonces cuando se trata de leyes de naturaleza procesal o adjetiva, caso en el cual la nueva ley debe respetar los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas. Pero abra también que tener en cuenta si la sentencia es condenatoria o absolutoria.

Cosa juzgada en materia penal

La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia.

En consecuencia la cosa juzgada es una institución jurídica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en otro tipo de providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.

Pero es importante advertir que existen diferencias si se trata de sentencia absolutoria o condenatoria; para la primera opera el de non bis ídem, que implica la imposibilidad de ser procesado penalmente por conductas ya juzgadas, salvo los delitos lesa humanidad. En el segundo caso existe la posibilidad de la acción de revisión, la cual procede en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.

Dicho esto tenemos entonces que no hay necesidad de hacer una ley a la medida del exministro Arias existiendo mecanismos legales en caso de que procediera su revisión.

No obstante desde el punto de la dogmática jurídica penal “la aplicación retroactiva de la ley penal favorable estaría esencialmente vinculada no al principio de la seguridad jurídica, sino a cuestiones propias del principio de proporcionalidad. La vigencia del principio de proporcionalidad funcionaría como fundamento y límite para una correcta y oportuna (ya no necesaria ni obligatoria) aplicación retroactiva de la ley penal favorable”. (1) Ángel Rodríguez Urbina

Teniendo en cuenta la complejidad de esta temática hemos invitado al Profesor Guido Mauricio Ramos Torres, miembro del Centro de Pensamiento Libre, quien cuenta con una amplia experiencia como Docente en distintas Universidades; es Master en derecho penal y criminología, especialista en instituciones jurídico penales y en investigación y juzgamiento en el S P A entre otras actividades académicas y publicaciones de carácter doctrinal y académico. Pero su gran pasión es su oficio como abogado Litigante con cerca de 30 años de experiencia.

Desde la Dogmática Penal el eminente penalista tiene una visión algo diferente a la que hemos expuesto y que desarrollamos de la siguiente manera:

Carlos lagos (C.L): ¿Cuál fue la figura jurídica por medio de la cual Arias recobró su libertad durante el proceso?

Guido Ramos (G.R): La libertad que él adquirió fue incondicional, es decir sin ninguna condición pues le fue revocado legítimamente la detención preventiva al caerse el argumento de necesidad que la soportaba, cual es preservación de la prueba o no obstrucción a la justicia, dado que toda la prueba incluso la de defensa se había practicado, entonces ya no había prueba que proteger, el error si se quiere y que aprovechó la defensa fue haber aplazado los alegatos finales, pues eso facilitó dicha revocatoria.

(C.L): ¿Cuál es tu posición sobre el proyecto de la segunda instancia, estando en firme la sentencia?

(G.R): En cuanto a la segunda instancia, eso está bien, todo ciudadano en Colombia tiene ese derecho, debido a que se considera que ningún Juez es infalible. Es una garantía universal de derechos humanos que los aforados no tienen porque no tener, al punto que hoy por hoy ya existe para todos. Entonces si ese proyecto pasa y el congreso lo aprueba con retroactividad, pues que se les aplique para que esas sentencias que fueron de única instancia finalmente tengan visos de justicia y total legalidad. Ahora ello no quiere decir que los van a absolver podrían ser confirmadas. El peligro está en las intromisiones políticas y de corrupción pero eso es otra cosa. Lo cierto es que la doble instancia es un derecho reconocido universalmente como parte del debido proceso que es a su vez un derecho humano.

(C.L): ¿El hecho de haberse ido del país y no presentarse después de la sentencia afectaría los beneficios o subrogados procesales?

(G.R): Cuando se fue del país no tenía ningún impedimento. Y si decidió no atender la condena inicialmente, también era su derecho, la gente puede decidir presentarse o no a cumplir una sanción, peor si las condiciones carcelarias, en nuestro país son terribles. Es el Estado el que tiene las herramientas, instituciones y especialmente el deber para hacer cumplir las sanciones.

Respecto de beneficios como todo colombiano tiene derecho a que si se cumplen los requisitos para su concesión se le otorguen. En nada influye hoy por hoy el comportamiento de prófugo, para la domiciliaria por mitad de pena, art. 38 G Código Penal ni para libertad condicional art. 64 ibídem. Solo son requisitos objetivos que si se cumplen no hay forma de impedirlo.

Considero que fue condenado ejemplarmente, y tiene derecho a utilizar cualquier mecanismo en su defensa y en su favor como cualquier otra persona. Que este proyecto hoy tenga nombre propio es otra cosa.

Algo más, independientemente de todo un País que garantice más los derechos humanos, aquí es el debido proceso, es mejor visto en el entorno internacional.

Lo que si hay que reclamar es transparencia y no interferencia de ninguna índole en la recta administración de justicia.

Los jueces deben decidir con objetividad, buscando la verdad y la justicia, dice la norma sobre imparcialidad. Pero la verdad con que se decide no es la real, es la formal o procesal, es decir, lo que llegó al proceso, entonces es distinta a la que se percibe en la sociedad y por lo mismo la justicia es diferente a la que quisiera siempre la sociedad. Lo que para el derecho es justo para la sociedad no puede serlo siempre. Ej. Una absolución por que las pruebas fueron ilegales, para el derecho la absolución es justa, para la gente del común no.

Hasta aquí la entrevista.

Lo que en el fondo reclaman los defensores de Andrés Felipe Arias es por qué no se le da el mismo tratamiento benigno en cuanto apenas de los demás corrupto. La respuesta correcta es que no debe reducir la pena a Arias sino no exigir o demandar de la justicia la mayor diligencia en los procesos contra la corrupción en Colombia.

La doble moral de los Colombianos se puede evidenciar cuando pedimos con afán cárcel y condenas ejemplares para los ladrones de la calle y somos complacientes con los Corruptos que son los que realmente tienen sumido al país en la miseria robándose 50 billones de pesos al año según fuentes de la Contraloría.

Otro capítulo que llama la atención dentro de este melodrama es que a pesar de la orden del Juez que legalizó la captura de enviarlo a la cárcel de la Picota, el INPEC determinó que Arias seguirá en la escuela de caballería del Cantón Norte.

Aquí vale la pena preguntarse si los clubes o casinos militares son centros de reclusión.

La respuesta es que todos los corruptos deberían estar en los centros de reclusión dispuestos para ese fin, de esta manera se prevendría de manera eficaz la comisión de esta clase de delitos y de alguna manera al trasladar a estos privilegiados, indirectamente se mejorarían las condiciones de los demás presos; pues recordemos que el ius puniendi (Derecho de Castigar) es selectivo.

Surge entre los líderes de opinión otra pregunta: ¿por qué no se le da este mismo tratamiento preferencial incluso a otros exministros del gabinete como Sabas Pretelt de la Vega y el exministro de salud Diego Palacio Betancourt, entre otros altos dignatarios del llamado gobierno de la seguridad democrática?

La respuesta puede ser aún más dramática o preocupante y pareciera tener sustento en el eslogan de la campaña presidencial de quien hasta llamaron Uribito, “el del presidente” (¿eterno?). ¿Será que a pesar de todo esto se considera que Andrés Felipe Arias es aún presidenciable?

El último capítulo de esta Novela tiene que ver con la intervención del presidente Iván Duque quien no tardó en reafirmar que Arias es una persona que “No se ha robado un peso” y que en ese sentido apoya el proyecto de ley que plantea la segunda instancia para casos de cosa juzgada.

Se le olvida a Duque que el peculado en favor de terceros equivale a robar para terceros, o para sí mismo si esos terceros aparecen posteriormente financiando su campaña política o en el pasado habían financiado la de su mentor. Como dice el analista político antioqueño Gilberto Tobón Sanín, este es un Robín Hood pero al revés.

Por favor saquen sus propias conclusiones.

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