Del 23 de noviembre de 2014 al 15 de enero del presente año, se desarrolló una de las actividades más sorprendentes de apropiación y recuperación del espacio público del centro de Medellín de las que he sido testigo.
Sin policías, sin personal oficial, sin atropellos y sin disputas, un grupo de gestores culturales, artistas, jóvenes y simples vecinos, se tomaron el denso sector de la Avenida La Playa cercano al Teatro Pablo Tobón Uribe para convertirlo en una verdadera playa para el descanso, la lectura, el deporte, la recreación y la cultura.
Un aplaudido experimento de convivencia y civilidad que sorprendió a propios y extraños durante cerca de siete semanas.
Una vez terminó la iniciativa —Días de Playa se llamaba— las directivas del Teatro y los grupos culturales anclados en él, decidieron no mover las vallas que se habían instalado para desviar la circulación automotor durante las actividades, lo que anexó una pequeña pero significativa área al frontis del Teatro.
Lo que ocurrió luego fue algo casi mágico.
Tanto la comunidad cercana al Pablo Tobón Uribe como sus visitantes esporádicos comenzaron a apropiarse del lugar hasta convertirlo, en muy pocos meses, en un oasis cultural para el golpeado centro de Medellín, en un referente para los encuentros artísticos y en una esquina para escapar del bullicio y el caos.
Milongas tangueras, clases de yoga, conciertos, encuentros de ciclistas y costureros de madres de la tercera edad son apenas algunos de los ejemplos de la programación que semana a semana se presentó en este espacio tomado y que el público abarrotó desde sus inicios.
Y no solo la comunidad se apropió del pequeño oasis verde. También las entidades gubernamentales lo hicieron: la Alcaldía de Medellín para presentar el Centro de Innovación del Maestro Mova, el Área Metropolitana para socializar su programa de bicicletas urbanas y el Metro de Medellín para desarrollar encuentros con los usuarios, entre otros.
Sin embargo la acogida por parte de la comunidad significó poco para algunos funcionarios cuadriculados. El pasado 10 de septiembre la Secretaría de Movilidad de Medellín ordenó la retirada de las vallas y restableció la circulación de vehículos por el área que hoy, una vez más, está repleta de autos en circulación o parqueados durante el día y de ventas ilegales en la noche.
Tal vez no hay duda sobre el hecho de que a la autoridad de movilidad le asisten la norma y el derecho en este caso, como tampoco sobre que el cierre arbitrario de vías debe ser controlado y proscrito. Sin embargo el asunto no es blanco y negro.
Empecemos por recordar que en el diseño original del arquitecto Nel Rodríguez, la zona en conflicto correspondía al sector de aproximación al Teatro y no a un área para la circulación de automotores. Fue en época posterior que se cedió aquí, como en cientos de lugares de la ciudad, el espacio del peatón en favor de los autos.
Y recordemos, es lo más importante, que toda la ciudad de Medellín es un monumento vivo a la apropiación del espacio público por parte, no solo de particulares, sino de grupos delincuenciales que comercian con su uso.
¿Qué ha hecho la Secretaría de Movilidad ante las permanentes denuncias de apropiación del espacio peatonal por parte de los concesionarios de autos en la calle Palacé?
¿Dónde están las autoridades de tránsito todas las noches de los viernes y los sábados cuando en La 70 los conductores estacionan en doble línea y a ambos costados de la vía?
¿Cuántas veces las autoridades han salido a defender los derechos de los peatones de la carrera 71, cuyas aceras están tomadas por los vendedores de autos usados?
Sí. Tal vez la Secretaría tenga la razón en el caso del Teatro Pablo Tobón. Pero tener la razón no los hace menos torpes y obtusos.
El centro de Medellín es un moribundo en estado de coma. ¿Y la solución de la Secretaría de Movilidad es clausurar un espacio que la comunidad abrazó como un oasis cultural para devolvérselo a las mafias que, felices, vuelven a utilizarla, bien para estacionar carros y cobrar de forma amable los cuatro mil pesos de rigor o bien para asignarlo a venteros ilegales que, cómo no, pagan su correspondiente cuota extorsiva?
