La prohibición de la dosis mínima y la solución del sofá

“El decomiso lo único que genera es que el adicto vuelva a comprar la dosis, lo cual eleva la demanda de estas sustancias y por lo tanto aumenta los precios”

Por: carlos eduardo lagos campos
Octubre 09, 2018
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La prohibición de la dosis mínima y la solución del sofá

Para muchos es conocido el famoso dicho de la “solución del sofá” que nace de la siguiente historia: el esposo se da cuenta de que su señora lo traiciona todos los días con otro hombre y sostienen relaciones sexuales en el sofá de la sala; entonces el esposo para solucionar este problema vende el sofá.

Algo similar sucede con el decreto 1844 de 2018, mediante el cual se prohíbe la dosis mínima en todo el territorio nacional. Esta, según el gobierno, “es una medida administrativa para incautar la droga que porte o consuma un ciudadano en un espacio público”. Para ello el decreto dispone que la autoridad competente procederá a oír en descargos al presunto infractor, si se encuentra responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas procederá a imponer, en todo caso, la medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar, donde se incluye que deberá cancelar una multa de alrededor de $200.000 pesos al Estado colombiano.

Con esta medida el gobierno afirma que combatirá ese flagelo que atenta contra la sociedad y representa la destrucción de muchas familias. Nada más alejado de la realidad, pues históricamente las prohibiciones lo que han hecho es volver rentables los negocios de las drogas y del alcohol. Aparte de que el decreto lo que hace realmente es discriminar de alguna manera a la población adicta, la cual de no se debe catalogar como delincuente, sino que son personas que padecen una enfermedad muy difícil de sobrellevar como es la adicción a las drogas.

El decomiso lo único que genera es que el adicto vuelva a comprar la dosis, lo cual eleva la demanda de estas sustancias y por lo tanto aumenta los precios de este negocio ilegal de acuerdo a las reglas del mercado. Entre tanto sucederá lo que siempre ha sucedido, según versiones de algunos consumidores: el policía en la esquina del expendio de droga espera que el adicto salga para en la mayoría de los casos ser maltratado y en muchas ocasiones extorsionado; sin ejercer ninguna actividad sobre el expendio de drogas, esto según informaciones porque en muchos casos se cobran coimas por permitir su funcionamiento.

Por otro lado no se afronta el problema de la adición como un problema de salud pública, todo lo contrario se deja esta responsabilidad en manos de la Policía, cuando el mismo debería abordarse desde la óptica de lo “pedagógico y terapéutico”; por lo que el decreto se quedó corto en aspectos de prevención y de tratamiento clínico y psicológico para los adictos; esto porque se fundamenta en derecho de castigar (ius puniendi) que es la discriminación a través de la selección de los más vulnerables, en este caso por su condición de adicción.

El decreto presidencial adicionalmente es abiertamente inconstitucional porque va en contra de la doctrina de la corte constitucional, sentada en la sentencia donde el Magistrado Carlos Gaviria fue ponente en el año de 1994 en la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las leyes que imponían 30 días de cárcel, multa y reclusión obligatoria en un centro psiquiátrico a cualquier colombiano que llevara, tuviera o consumiera drogas. En dicho fallo se estableció que sancionar a los consumidores de drogas con el argumento de que son un peligro para quienes los rodean es establecer una discriminación arbitraria.

De igual manera violaría la doctrina de aprovisionamiento acogida por la Corte Suprema de Justicia aprobada mediante Acta N° 209 de fecha julio ocho (8) de dos mil nueve (2009) con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas y ratificada en sentencia SP2940-2016 de 09 de marzo de 2016, donde reiteró “que el porte de sustancias estupefacientes ligeramente mayores a la dosis mínima (aprovisionamiento) no es un delito, si es para consumo o si es la cantidad que una persona como enferma necesita” y la sentencia SP3605-2017 de 15 de marzo de 2017, donde expresó: “Que el querer del constituyente, como claro desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano, así como los desarrollos legislativos con las Leyes 1453 de 2011 y 1566 de 2012, permiten evidenciar la despenalización del porte de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas en la cantidad prescrita por el médico o en la que se demuestre que la persona necesita, habida consideración de su condición y situación personal de consumidor, adicto o enfermo, esto es, una dosis, cuya cantidad debe ser representativa de la necesidad personal y de aprovisionamiento.

El problema de estos gobiernos fundamentalistas es que basan sus mandatos en la represión y no en la prevención o en la educación de un nuevo ciudadano, delegando la mayor parte de sus responsabilidades y esfuerzos en la facultad sancionadora del Estado (ius puniendi), con el cinismo de que no se presupuesta lo suficiente para construir cárceles, no solo para recluir, sino para resocializar a los presos. Recordemos que en el artículo cuarto de la Ley 599 de 2000 se establecen como fines de la pena la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Al fin y al cabo, tarde o temprano, la sociedad volverá a recibir al individuo y si este no ha sido resocializado todos asumiremos nuevamente esa carga.

Finalmente, debemos afirmar que lo que se debió prohibir es el consumo de estupefacientes en lugares públicos o en situaciones que afecten a terceros y por supuesto por encima de la dosis mínima o de aprovisionamiento.

 

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