La Corte Constitucional no para de equivocarse

Una opinión a propósito del fallo que tumbó la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público

Por: Daniel González Monery
Junio 10, 2019
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La Corte Constitucional no para de equivocarse
Foto: Flickr Chuck Grimmett - CC BY-SA 2.0

En sus casi 30 años de historia, la Corte Constitucional ha demostrado una y otra vez que no le tiembla el pulso para poner al país a enfrentar y debatir complejas realidades y derechos ante los que otros poderes e instituciones usualmente pasan de agache. La despenalización del aborto en tres situaciones específicas, el matrimonio, la protección social y la sustitución pensional de las parejas del mismo sexo, así como la eutanasia, son derechos reales para miles de colombianos gracias a valientes decisiones de los magistrados que desde 1991 han pasado por el tribunal constitucional.

Algo está pasando en nuestra Colombia, en donde fallo tras fallo se sobreponen los derechos de las minorías a los de las mayorías. Algo sucede en nuestro país que cada día parece que se protege al narcotraficante pequeño, grande o reincidente y nos obligan a que nos parezca normal. No, así no es.

Colombia tiene muchos problemas que la aquejan sin tregua y de forma tan profunda que cada tanto vemos temblar los cimientos de una sociedad acostumbrada a subvertir los valores que deben reglar el orden correcto de las cosas (los seres humanos somos autodestructivos por naturaleza).

No solo la corrupción ha carcomido el alma de nuestro pueblo, también lo han hecho —y quizá con mayor impacto— el narcotráfico y el consumo de drogas, que indefectiblemente se deriva de aquel.

Más que cualquier otra ciencia, el derecho debe estar en consonancia con las realidades sociales. Sin embargo, en Colombia tristemente caímos en la “dictadura” de unos pocos que, con la excusa de la interpretación de la ley, imponen comportamientos que les son propios a su agenda política e intereses particulares, sin consultar las verdaderas necesidades sociales.

Aciaga hora en la que se legalizó en Colombia el uso recreativo de la tal “dosis mínima”: en ese preciso momento, la patria “flexibilizó” su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, dando paso a la tolerancia frente al consumo, a partir de lo que unos “dinosaurios” de la izquierda —marihuaneros algunos— consideraban que era la construcción de los pilares de la sociedad, la base de lo que ellos llaman “la socialbacanería”, así en pocos años pasamos de ser un país exportador a uno consumidor de drogas.

El artículo 49 de la Constitución Política determina de manera clara, concisa y precisa que: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Deviene, entonces, prístina, la siguiente conclusión, luego de leer la norma citada: solo los médicos pueden recetarla; nadie más. Ya ven el daño que hace la “interpretación” amañada de la ley. Esa es la herencia del ex magistrado Carlos Gaviria, que, a través de una sentencia deleznable, le dio vida a la legalización de la dosis mínima.

Colombia es un país que ha padecido un holocausto por cuenta de las malditas drogas. Llevamos décadas matándonos por el miserable negocio del narcotráfico, que se transformó, en los últimos años, en un problema de consumo interno, por obra y gracia de un puñado de pseudointelectuales que manejan la opinión, por un lado, y las cortes, por el otro.

¿Libre personalidad? No sean tan tiernos. La Corte Constitucional, en su fallo de la semana pasada, determinó que no se puede castigar a alguien que consuma licor o alcohol en los espacios públicos, desconociendo que nuestros pocos parques han sido históricamente escondederos de jíbaros y hasta núcleos de disputa de traficantes de drogas en los centros urbanos. Su determinación no solamente es una patada en la cara a los esfuerzos de seguridad ciudadana, sino también a los derechos de los niños de poder crecer en entornos seguros y alejados de vicios.

Los derechos de los niños deben prevalecer sobre los derechos de los drogadictos. Punto. Y aunque drogadicto no es sinónimo de delincuente y el Estado debe procurar el apoyo para la rehabilitación de los drogadictos, si en un determinado espacio físico, como por ejemplo un parque, entran en conflicto los derechos de los niños con el libre desarrollo de la personalidad de un drogadicto, debe prevalecer el derecho del niño, con o sin fallo de la Corte Constitucional.

Así fue como acudimos al sainete macabro en el que nuestros jóvenes, por el mal ejemplo de unos cuantos viejos adictos, crecieron sin desprecio y aversión por las drogas.

Muy pronto, los narcos se percataron de que su nuevo mercado estaba en los colegios, escuelas, universidades, parques y escenarios deportivos, y fue así como se dieron a la tarea de controlar las zonas para asegurar el mercado y esclavizar a los jóvenes, a quienes “la socialbacanería” les vendió la idea de que usar drogas era estar a la moda, disfrazando el entuerto con el ropaje del libre desarrollo de la personalidad.

Nada más equivocado: las drogas alienan, destruyen, causan sufrimiento, son la antítesis del libre desarrollo de la personalidad, precisamente porque lo condicionan y de manera muy negativa. La droga es la vía más expedita para llegar al infierno.

Pésimo mensaje se le envía a nuestra juventud, cuando aquellos que deberían dar ejemplo se entregan a los brazos venenosos y oscuros de la droga. Los políticos, jueces, padres de familia, artistas, periodistas, abogados y empresarios que caen seducidos por ese flagelo nada pueden reclamar a quienes tienen el deber de criar o educar. Así, sin más ni más, se crece el espiral.

¿Cuál debe ser el papel de las autoridades, maestros, padres y estudiantes frente al consumo y expendio de drogas legales e ilegales? Tenemos que aumentar el compromiso de todos en la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes, y fijar las prioridades donde corresponde, poniendo la pedagogía, la prevención y la represión donde cada cosa cabe.

Nefasta señal reciben también la nación y el mundo, cuando en un fallo constitucional se declara legítimo el porte y consumo de drogas y alcohol en cualquier lugar y espacio público, induciendo a su población, bajo el pretexto del libre desarrollo de la personalidad, al miserable mundo de las drogas y el licor, con todo y lo que eso significa: muerte y sufrimiento.

El gobierno del presidente Duque ha empezado por donde es: hay que perseguir al jíbaro, al expendedor, a quienes controlan el menudeo que envenena nuestro futuro, que son los jóvenes. Detrás de estos mercaderes de la muerte se esconden los grandes carteles que controlan la producción y elaboración de las drogas que tanto dañan, empezando por las Farc y todos sus aliados del mundo criminal.

Cada vez que un colombiano consume cualquier tipo de droga patrocina directamente al narcotráfico y a todas las inmundicias que ese mundo engendra.

Tomada la decisión de la Corte, habrá que esperar que el Estado encuentre las alternativas jurídicas para proteger la tranquilidad ciudadana y, sobre todo, combatir las mafias del microtráfico, que tan bien han aprovechado los resquicios legales abiertos por algunos fallos judiciales sobre el porte y consumo de drogas.

Frente tan importante como el de la prevención y la atención integral a los consumidores. La gran mayoría de ellos, más que delincuentes, son ciudadanos que cayeron en el consumo abusivo por motivos que deben atenderse.

Así las cosas, es urgente que tanto el gobierno nacional como los alcaldes locales alisten su artillería jurídica para defender los derechos de los niños con verdadera determinación, empezando por la expedición de los decretos que precisen la prohibición relativa a los parques y espacios infantiles, usados o frecuentados por menores.

Mientras tanto, el gobierno y la Policía Nacional, en llave con los alcaldes, deben redoblar todos sus esfuerzos para desmantelar y desarticular las redes criminales del microtráfico que se han convertido en un verdadero azote en nuestro país.

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