El laudo arbitral que dejó en evidencia a la ministra de Transporte

El Tribunal de Arbitramento determinó que el monto que debe pagar la ANI al consorcio Consorcio Ruta del Sol II es menor al que el gobierno pretendía conciliar con los bancos

Por: carlos eduardo lagos campos
agosto 09, 2019
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El laudo arbitral que dejó en evidencia a la ministra de Transporte
Foto: Twitter @ViceColombia

Este 6 de agosto, luego de un proceso de casi 4 años, donde Odebrecht alegaba que el Estado colombiano le expropió ilegalmente activos durante la investigación, en un contundente laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, integrado por árbitros del más alto nivel (Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Enrique Ibáñez), se declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión No. 001 de 2010, celebrado entre el Inco y la concesionaria Ruta del Sol S.A.S., conocido como Ruta del Sol 2. Esto al considerar que fue realizado con objeto y causa ilícitos, al tiempo que se hizo adicionalmente con abuso y desviación de poder. Así mismo, se declaró la nulidad de los otrosíes adicionados al contrato.

Este fallo se produce en medio de una oleada de críticas de las cuales fue objeto Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien propuso como fórmula de transacción para resolver este  litigio pagar la deuda a los bancos acreedores del proyecto Ruta del Sol II por 1,2 billones de pesos. La propuesta de la ministra implicaba que los colombianos debíamos asumir esta millonaria que dejó la multinacional brasileña y sus socios por incumplimientos en la construcción de la obra.

Según el senador Jorge Enrique Robledo: “La mitad de esa plata iría a los bolsillos del Grupo Aval, que son los socios en la corrupción de Odebrecht, lo que quiere decir que habría una especie de premio a quienes corrompieron en este escándalo de la carretera de la Ruta del Sol y es inaceptable que se haya intentado hacer esta jugadota”. Además, de acuerdo con el senador, la ministra "sí violó la ley al armar la ‘jugadota’ que le fracasó. Y lo hizo además en enero de este año, cuando la ANI les transfirió 242 mil millones de pesos de la Ruta del Sol a los bancos Bogotá y Occidente, a los que en esta ocasión la ministra en frase astuta, calificó como terceros de buena fe”.

Lo anterior por sí solo sería escandaloso, pero se agrava aún más si se tiene en cuenta que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue asesora de Luis Carlos Sarmiento Angulo y presidenta del Grupo Aval. Adicionalmente, su cuota política en el gabinete es Ángela María Orozco, la ministra de Transporte, según el senador Jorge Enrique Robledo como resultado de una "relación que viene desde cuando fue subalterna de Marta Lucía en el ministerio de Comercio y su socia en R&O".

En contraposición a esta disparatada propuesta, la decisión del Tribunal de Arbitramento ordena al Estado colombiano pagar únicamente $211.000 millones de pesos en favor del consorcio Ruta del Sol 2, cuyos socios son Odebrecht y Episol de Corficolombiana, de propiedad del Grupo Sarmiento Angulo. No obstante, esta suma se encuentra asegurada con una fiducia constituida por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector 2 por $187.000 millones de pesos, por lo que el Estado a través de la Agencia de Infraestructura únicamente deberá asumir un saldo de $24.000 millones de pesos; lo cual nos ahorraría a los colombianos la no despreciable suma de $989.000 millones de pesos, que la exministra pretendía regalar a sus exclientes y amigos del sector financiero, a quienes denominó terceros de buena fe, pero que dentro de ellos se encuentran bancos del Grupo Aval, filial de los socios de Odebrecht.

Desde el Centro de Pensamiento Libre consideramos que se debe adelantar una moción de censura a la ministra de Transporte y sentar un precedente en contra de las corrupción pública y privada. A la vez pensamos que la funcionaria estaría involucrada en serios conflictos éticos y de intereses, como lo expresó Robledo, "en razón de que en esta y en otras gestiones sobre el Grupo Aval violó unos mínimos éticos y políticos y de encima la Ley 1437, sobre conflictos de interés”.

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