El informe que presentó la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, en su visita oficial a Colombia y que finalizó el pasado 21 de abril y donde fue duramente critica contra el gobierno del presidente Santos en materia de ddhh es el abrebocas de las fuertes denuncias y recomendaciones con que serán recibidos los funcionarios del Estado colombiano cuando pasaran al tablero durante el Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza cada 4 años, sobre el tema de ddhh en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. La funcionaria de la ONU, quien no se contentó solo con reuniones con altos dignatarios del Estado para escucharles sobre las proyecciones del gobierno en materia de ddhh, fue muy practica y se fue a visitar una parte de las comunidades de « La otra Colombia » como ella mismo llamó y donde dialogó con integrantes de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, con organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones campesinas entre otros y pudo palpar la realidad de lo que sucede en la Colombia olvidada por el estado. En apartes de su informe del cual no han hablado los grandes medios de comunicación y donde el gobierno de Santos ha guardado silencio dice que « Tanto en Bogotá como en Putumayo y Cauca, escuché el testimonio de numerosas y diversas personas que reclaman sus derechos, y en particular pude entender la situación que vive la «Otra Colombia», la que difícilmente se ve en las grandes ciudades, en la que están los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, en la que están arraigadas la guerra, el despojo, y el desplazamiento forzado. En Putumayo y Cauca escuché a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos y a los afrodescendientes que exigen que se respeten y protejan sus derechos, que el Estado los escuche y cumpla con sus obligaciones para garantizar que los tendrán en cuenta en la discusión sobre el desarrollo que requiere el país y el uso de sus tierras. He escuchado a las personas hablar sobre sus miedos porque sus tierras y el medio ambiente se enfrentan al avance desenfrenado del sector extractivo « tanto por parte de personas en la legalidad como en la ilegalidad ». He escuchado a las víctimas del conflicto que nos hablan sobre sus necesidades, y también nos cuentan una historia impresionante de valor, de resiliencia y de supervivencia. Quiero hacer un llamado al Estado a que preste mayor atención a los derechos de estas comunidades – derechos que son básicos y que disfrutan quienes viven en los lugares más ricos de este país, como el agua, la educación y la salud. En la Colombia moderna no puede ni debe haber niños indígenas o afrodescendientes que mueran por enfermedades perfectamente prevenibles, porque el agua que toman está contaminada con desechos tóxicos vertidos en sus ríos por la minería sin control. Estas comunidades y pueblos son los guardianes de la tierra, la riqueza cultural de Colombia. Son ellos los que garantizaran que el medio ambiente sea preservado – y por eso deben ser consultados sobre la utilización del territorio-. El Estado y las empresas tienen la obligación de asegurar que se les consulte con vistas a obtener su consentimiento previo, libre e informado ante todo proyecto en sus territorios y susceptible de afectarlos ». Flavia Pansieri, quien estuvo acompañada de Maria Clara Martin de la sección Américas de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU con sede en Ginebra, expresó que en ambos lugares que visitaron pudieron ver de primera mano, la alta vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de los ddhh, quienes continúan recibiendo amenazas de muerte, y ataques en distintas zonas de Colombia. Defender los derechos humanos es un derecho y también una obligación – y en este sentido, quiero recalcar la responsabilidad directa del Estado de crear un clima de protección y en el que estos terribles hechos se vuelvan inaceptables. Sobre el tema de los denominados falsos positivos y los miles de crímenes realizados por los militares e instó al Ministerio de Defensa para que la institucionalidad apoye la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes que cobraron la vida de miles de personas en la década pasada. «Tomando nota de los progresos realizados, insto a la Fiscalía General de la Nación a que redoble sus esfuerzos en la investigación de estos crímenes y a que asegure que los responsables, tanto directos como quiénes dieron las órdenes, respondan ante la justicia. Romper la impunidad frente a los llamados «falsos positivos» llevará a que se reconozcan los derechos de las víctimas y a que estas actuaciones no vuelvan a repetirse en ningún lugar de Colombia. De igual forma la funcionaria expresó que respecto a las propuestas de reformas al fuero militar que se están discutiendo en el Congreso de la Republica en este momento, « quiero insistir en la necesidad de que Colombia se ponga en línea con los estándares internacionales que buscan el respeto de los derechos humanos y la legitimidad del uso de la fuerza ». Expresa el informe que : « Durante el conflicto armado se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que han producido 7 millones de víctimas. Por eso al saludar la decisión de ambas partes de incluir a las víctimas en el proceso de paz y de invitarlas a la mesa de negociaciones, debo recalcar que estas violaciones deben ser juzgadas y castigadas, indiferentemente de quien las hayan cometido. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la magnitud del conflicto, existen mecanismos especiales de lo que se llama justicia transicional. Estos mecanismos pueden ayudar a asegurar integralmente no solo justicia, sino verdad, reparación y garantías de no repetición. Hay una necesidad contundente de que Colombia desarrolle medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas en el … Sigue leyendo Colombia se raja en examen de derechos humanos