A propósito de la coyuntura internacional en la que estamos inmersos por cuenta del virus SARS-coV-2, popularmente conocido como el coronavirus, se ha dado un fenómeno al que pocos han prestado la debida atención: el modelo ejemplar de lucha contra la enfermedad se ha ubicado en China, la dictadura totalitaria más grande del mundo. Este hecho no debe ser tomado a la ligera; por el contrario, nos debe llevar a una reflexión sobre el camino que están escogiendo nuestras sociedades.
Los profetas de la tragedia han articulado un discurso que se ha elevado a la categoría de sentido común en los medios de información y en las comunicaciones oficiales. Este discurso justifica medidas drásticas para reducir el número de contagios, tales como la completa limitación de la libertad de locomoción, que en la práctica funciona como una casa por cárcel generalizada, alentando a los países a adoptarla y condenando a los que no lo hacen. Sin embargo, aun con las importantes implicaciones que una medida como esta tiene para todos los ciudadanos, parece que la discusión sobre su conveniencia no solo no ha tenido lugar, sino que está vetada e incluso es catalogada como una transgresión contra la recién renovada moralidad pública. Me permitiré nadar contra la corriente, pues aunque una actitud de sospecha no sea obligatoria, algunos la tenemos por aconsejable.
No es la primera vez en la historia que atravesamos una situación calamitosa de dimensiones globales, así como tampoco hacen falta antecedentes de limitaciones a los derechos civiles en situaciones excepcionales. Lo que no tiene precedentes es la dimensión de las medidas tomadas y su desproporción frente a la amenaza que se busca enfrentar. Me explico: son bien conocidas las estadísticas de la enfermedad, la cantidad de portadores asintomáticos será de alrededor del 85% del total, la de pacientes que desarrollarán síntomas leves girará en torno al 10%, y la de los que presentarán complicaciones graves será en promedio de un 5% (las anteriores son cifras del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, en España, pero las variaciones entre una y otra estimación no son considerables). Lo anterior, aunado al hecho de que se calcula que por cada caso confirmado hay 10 que no se detectan, la cifra final de muertos por la enfermedad sería de menos del 1% de los contagiados. En números absolutos es un número considerable, pero visto en perspectiva, y a pesar de comprobarse como un auténtico reto para los sistemas de salud de todo el mundo, por sí mismo no nos lleva a imaginar un riesgo existencial para la civilización.
En lugar de buscar dar un tratamiento equilibrado y respetuoso con los derechos fundamentales de las personas, se están tomando las medidas más extremas imaginables, sin considerar su impacto y sostenibilidad en el largo plazo. En lugar de tomar como ejemplo a países como Corea del Sur y Suecia, que han combinado estrategias de mitigación con el respeto a las libertades civiles, se ve como única solución (o como una señal de grandeza, como lo diría una presentadora en un reconocido telenoticiero nacional) la restricción despótica a la movilidad de las personas. Dicho en otras palabras, queremos disparar bazucazos a los mosquitos. Por estos días nadie pierde la oportunidad de exigir al Estado aquello que nos costó tanto quitarle: la discreción sobre nuestros derechos apelando a un bien mayor. ¿Qué será de nosotros cuando se vaya el virus y la experiencia de la libertad para la toma de medidas extremas se haya quedado en la cabeza de nuestros gobernantes? Drones imponiendo multas en las calles pueden hacernos pensar en que el modelo chino de vigilancia estatal omnipresente podría ser su más exitoso producto de exportación hasta ahora.
Si hiciéramos una competencia entre los más afectados por las medidas adoptadas con ocasión del virus, tres serían los finalistas: el 60% de la población que vive de la informalidad (según cifras de la universidad del Rosario), la economía y el Estado constitucional de derecho. Ojalá el hambre no haga lo que se teme del virus, y que nuestra democracia resista el duro golpe que, al parecer, acordamos asestarle.
