Lamentable y vergonzoso que al Presidente de la República haya que recordarle que su función constitucional es la de coordinar la política económica del país y garantizar su estabilidad, no la de firmar cheques en beneficio del capital extranjero. Menos en momentos en donde debería invertir los escasos recursos, tras diez años de despilfarro del auge petrolero, en actividades productivas y no en las campañas presidenciales de sus amigos.
Y como los cheques están sin fondos, acude a la privatización de Isagén, que probablemente ocurra en medio de las vacaciones de finales del año. El mismo plan, pero con más sutileza, lo está aplicando para Ecopetrol, a la cual, como lo manifiesta José Roberto Acosta, la están desvalijando para dejar un cascarón que sea más fácil de entregar a intereses foráneos.
En este orden, es preocupante que los medios masivos de comunicación oculten la gravísima situación para el país que tiene epicentro en Montelíbano, un municipio de Córdoba que alberga la única mina de níquel y la producción de ferroníquel de la Nación. Desde hace meses Cerro Matoso, una subsidiaria de BHP Billiton (South 32), la transnacional minera más grande del planeta, ha dicho que la situación financiera es crítica. Graham Kerr, su director ejecutivo, manifestó la semana pasada que “el cierre temporal de la mina en la segunda mitad de 2016 parece inevitable”, además del despido de unos 300 trabajadores.
Desde Justicia Tributaria hemos advertido
sobre la sospecha que genera
la presentación contable de Cerro Matoso
En un estudio reciente, desde Justicia Tributaria advertimos sobre la sospecha que genera la presentación contable de Cerro Matoso, la cual no ha motivado ninguna reacción por parte del Gobierno Nacional. El níquel de Colombia es un patrimonio fundamental para el desarrollo industrial. El Gobierno está en la obligación de exigir que la operación que realiza BHP Billiton se haga en beneficio del patrimonio nacional y el bienestar de los trabajadores y la población en Córdoba.
BHP Billiton debe presentar alternativas para continuar la concesión, como: créditos, capitalización, negociación con acreedores e incluso sobre el precio de la energía que es el principal costo de producción. Por su parte, la obligación del Gobierno es evitar que la empresa tome decisiones arbitrarias que afecten a los ciudadanos.
De no prestar atención, Cerro Matoso puede convertirse en un caso más de cómo se lesiona el interés nacional para cubrir las arcas ajenas, con la complacencia del ‘dueño de la chequera’.
