Sé que no hay una sola dinámica del actual paramilitarismo: son tan múltiples como los grupos. Pero, para entendernos, aquí llamamos paramilitares a grupos de justicia privada paraestatales, grupos armados anticomunistas, escuadrones de la muerte, ejércitos antirrestitución, expresiones armadas íntimamente ligadas con el narcotráfico y con la delincuencia común, bandas y combos urbanos, etc., que tienen algún tipo de apoyo del Estado, ya sea por acción (como cuando los militares se vieron envueltos en su creación y entrenamiento), o por omisión, cuando no los combaten de manera efectiva so pretexto de que “no son actores del conflicto”.
A pesar de la diversidad (y de las trampas de llamarlos neoparamilitares o “bacrines” como dice la gente), no renuncio a la categoría de paramilitar porque defino en esa noción a organizaciones armadas ilegales, al servicio de agendas político-sociales y económicas de poderes locales, regionales y/o nacionales, que cumplen tareas de control social, mantenimiento del poder e instrumento de persecución de opositores y críticos del Estado.
Son una organización política porque tiene una agenda y un accionar relacionado con la administración de la sociedad y con el poder. Y son paramilitares, en cuanto el paramilitarismo es una estrategia de ejercicio del poder; mantienen y fortalecen a las élites y además atacan de manera deliberada a las organizaciones y personas que cuestionan o confrontan el poder de dichas élites.
Los paramilitares no nacen ni mueren con las Autodefensas Unidas de Colombia (las AUC de los hermanos Castaño), y no son una organización sino una forma de hacer política (sobre todo porque muchos de los actuales paramilitares son mutaciones de las AUC). Es estúpido decir que porque no usan brazaletes negros con estas siglas, no tienen estructuras homogéneas, no cuentan con una plataforma política y/o porque están altamente ligados con el narcotráfico entonces “no tienen agenda política”.
La larga lista de líderes sociales asesinados, las amenazas contra sindicalistas,
líderes populares y campesinos, demuestran la actividad paramilitar
contra el movimiento social, el movimiento de víctimas y la restitución de tierras
La larga lista de líderes sociales asesinados, las amenazas contra sindicalistas, líderes populares y campesinos (y un largo etcétera), demuestran la actividad paramilitar (o la vocación de actuar) contra el movimiento social, contra el movimiento de víctimas y contra la restitución de tierras. Y esta actividad no es un hecho aislado sino que hace parte de una propuesta estratégica de la extrema derecha. Esos grupos matan líderes de la oposición por orden de alguien y (no creo) de manera espontánea. Según el Cinep, están comprometidos en la mitad de violaciones de derechos humanos del país.
Y repito: son una forma de administrar la sociedad, una manera no compartida e ilegal, pero un poder de facto que no se puede negar. Y empecemos por eso. No voy aquí a caer en el falso dilema si tienen o deben tener reconocimiento político (no podemos caer en otro debate semántico), pero reconozco que incluso tienen una propuesta política: una propuesta autoritaria y macabra de administrar la sociedad. La diferencia es la autonomía de esa propuesta, autonomía que sí tiene a la insurgencia y por eso, entre otras cosas, son de naturaleza diferente. Es más, su aumento en la autonomía militar (en comparación con años previos) no es sinónimo de autonomía discursiva.
El de hoy no son el paramilitarismo de los años 1930, ni tampoco el de los años 1980. Los paras han madurado, su discurso ha crecido y han fortalecido unas bases sociales. Esto no se puede menospreciar. Como diría Marx, no quiero ser aquel que: “creía vencer al enemigo con solo descartarlo mágicamente con la fantasía, y perdía toda la comprensión del presente ante la glorificación pasiva del futuro que le esperaba”. Algo no se prueba ni se niega simplemente con afirmarlo.
No es útil ni prioritario un debate de cómo deben ser llamados. Con las Farc se hizo un proceso sin reconocimiento de beligerancia; y sin salir de la lista de terroristas se sentaron en Cuba con altos representantes del gobierno de los Estados Unidos. Siguiendo el DIH, sí son “Grupos Armados Organizados” (GAO), pero eso que hace pocos meses dijo el ministro de Defensa no es una novedad, es una vieja categoría jurídica aplicable a todo grupo armado que cuenten con un mando responsable y control territorial. Presentarla como una invención de nuevo cuño es entre ingenuo y perverso. Jurídicamente, las Farc y el ELN siempre han sido GAO.
Pero los paras, como toda organización armada que se extiende en el tiempo y se consolida, no están solos: tienen bases sociales con un grado de maduración política. Esas bases sociales, como en el caso de la insurgencia, no sólo existe por miedo o por pragmatismo sino, también, por convicción. Y su base social está emparentada con el uribismo. Esta articulación se observó en el paro armado y la marcha del 2 de abril pasado.
Además de la ampliamente demostrada connivencia, por décadas, con un sector de las Fuerzas Armadas, los paramilitares gozan, también por omisión, del apoyo de las Fuerzas Armadas. Por décadas el ejército combatió a las insurgencias sin que para eso hubiera necesidad de reconocimiento político alguno. Hoy, dicen, no bombardear a los paramilitares porque “no los consideran actores del conflicto”, retorciendo el DIH para su beneficio, como si el reconocimiento político fuera un requisito indispensable para la acción violenta del Estado o la aplicación del DIH.
Y además, los paras gozan del apoyo implícito, de ciertos sectores sociales, a sus acciones contra la oposición política de izquierda; también por eso hay un silencio oficial ante esa andanada de crímenes o un afán por presentarlos como “casos aislados” (como se hizo con los llamados falsos positivos). No es por Twitter donde el Estado tiene que confrontar el paramilitarismo, sino en la realidad. A esto se debe agregar que la violencia sistemática contra la población civil es de una dimensión e intensidad que rebasa la de otros grupos armados.
Los paramilitares sí pueden (y parece que quieren) ser el palo en la rueda del proceso de paz. Y frente a esto hay dos extremos de salida: uno, reconocerlos como actor del conflicto y plantearles una mesa de negociación, como el que en el pasado se hizo con las AUC; entendiendo que a pesar de que esgrimen un discurso contra el gobierno de Santos, no es un discurso contra el Estado ni contra el modelo económico-social existente. Por eso, no comparto el afán de darles un reconocimiento (ni un trato jurídico) similar al de la insurgencia.
Negociar agendas políticas es diferente a negociar salidas jurídicas.
El país político y el país popular no aceptarían
una nueva edición del proceso de desmovilización de las AUC
Hay que subrayar que negociar agendas políticas es diferente a negociar salidas jurídicas. El país político y el país popular no aceptarían una nueva edición del proceso de desmovilización de las AUC (que por demás fue dudoso) que lideró el gobierno de Uribe. Pero eso no deja como única opción la guerra.
La segunda salida es la confrontación armada. Pero esa violencia no vendrá de la insurgencia por sus propias limitaciones militares y sus otras agendas, a lo que se suma la opción por la paz, especialmente en el caso de las Farc. De parte del Estado tampoco será exitosa por dos cosas: la complicidad de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y porque (aquí viene lo más complejo) los paras han formado bases sociales activas en varias regiones del país. Para golpear militar y eficazmente a los paras, hay que primero depurar las Fuerzas Armadas y renunciar a la doctrina de la Seguridad Nacional.
Por ejemplo, si recogemos como cierta la propuesta de la llamada “Oficina de Envigado” a la negociación, llamamiento en el que, además aclaran, no piden impunidad sino mecanismos de exploración de otros caminos, se abre la puerta para la negociación. Reitero, no se trata de una negociación política entre actores que tienen similitudes políticas (el Estado y los paras), ni de una rendición incondicional (que los paras no aceptarían fácilmente y que el Estado no puede imponer), sino de exploraciones de nuevas salidas jurídicas a la existencia del paramilitarismo, que no niega el uso de la fuerza por parte del Estado.
Es posible que esta columna suene a traición a los ojos de algunos de mis compañeros de izquierda, pero mi preocupación es real: cómo resolver el problema de un sector del paramilitarismo que está enviando señales de negociación y deseoso de explorar vías diferentes a las armas. Sin resolver o limitar sus acciones (de alguna manera) los paras afectarán negativamente la implementación de la agenda con las Farc y el desarrollo de la participación de la sociedad con la mesa del ELN.
Pero esto no quiere decir que sin los paramilitares no se pueda avanzar. Es más, no todos los paramilitares optarían por una guerra frontal con el Estado; hasta Carlos Castaño buscó acercamientos, y estos apuntan más a debates jurídicos que políticos.
La pregunta directa es: ¿qué quieren los paramilitares? La agenda contra la restitución, por ejemplo, no es de ellos, es aprendida de otros enemigos de la paz, como ciertos sectores ganaderos. Sus reivindicaciones políticas son tomadas, casi mecánicamente (no por eso menos reales) de la izquierda. Hablan hasta de exclusión y pobreza para tratar de justificar sus acciones.
¿Qué piden? En otras, palabras: ¿Cómo se imaginan su futuro? ¿Una guerrilla de derecha al servicio de las élites enemigas de la paz? ¿Un resucitar militar al estilo de las AUC con control territorial como en el que vienen avanzando? ¿Unos carteles locales de narcotráfico acompañados de una estructura militar de pistoleros?
Sé que habría diferentes respuestas, según el grupo y la región que responda; pero sin duda debe haber tendencias dentro de los paramilitares con las cuales podamos hacer una pregunta por del futuro que nos espera. No deben estar buscando una tumba en Colombia, supongo, ni tampoco una cárcel en los Estados Unidos.
¿Estarán los paras dispuestos a dar la cara por sus crímenes?
¿Están listos para poner sobre la mesa el nombre de las empresas
y poderes locales que les han armado?
¿Estarán los paras dispuestos a dar la cara por sus crímenes? ¿Están listos para poner sobre la mesa el nombre de las empresas y poderes locales que les han armado? ¿Hay posibilidad de que la verdad sea una realidad en una nueva negociación jurídica con el Estado y no una farsa como en el pasado? ¿Evidenciarían los vínculos que subsistan entre los paras y las Fuerzas Armadas?
Pongo en duda su fe en el martirio a cambio de nada; desde la sociedad queremos saber cómo acabar con esa realidad paramilitar, en la que los paras no son siquiera quienes mandan sino quienes obedecen. Y para ello, hay que explorar todas las preguntas y respuestas posibles.
@DeCurreaLugo
