José García Sanleandro, el representante legal de Electricaribe desde 2011 fue llamado a interrogatorio junto con el exgerentes operativo Benjamín Gustavo Payares y los exalcaldes de Chinú, Orlando Medina y de Magangué, Marcelo Torres. Estos dos últimos investigados por supuesto favorecimiento de los dineros invertidos por el gobierno.
La investigación de la Fiscalía inició en noviembre de 2016, cuando la empresa incumplió la ejecución de los recursos públicos que asignó el gobierno. El ministerio de Minas y Energía falló en supervisar la ejecución de los proyectos eléctricos financiados con recursos del Prone (Programa de Normalización Eléctrica) que estaban destinados a normalizar la situación de casi 64,000 usuarios de la Costa Caribe.
Mientras en Colombia los exfuncionarios de Gas Natural Fenosa empiezan a rendirle cuentas a la justicia en España los accionistas y sus abogados se mueven, y ya interpusieron la demanda por la intervención ante Naciones Unidas.
