En la actualidad y quizás en los años venideros, las bandas criminales son, de lejos y por mucho, la mayor amenaza a la seguridad y tranquilidad de los colombianos. Estos grupos mezclan de manera pavorosa los rasgos y las conocimientos de todos los actores ilegales protagonistas de nuestra historia reciente de dolor y desesperanza.
Otoniel, el principal cabecilla de la banda de los Urabeños (Clan Úsuga David) y quien sigue prófugo a pesar de una operación que cumple ya 15 meses es un buen ejemplo de lo que representan las bacrim. Perteneció al EPL y a las AUC, de ambos grupos se desmovilizó en sendos procesos y de ellos salió reencauchado a seguir su carrera al margen de la ley.
Como todas las expresiones de crimen organizado de nuestro país, las bacrim han aprovechado la ausencia o la debilidad institucional para instalar órdenes paralelos que les permitan aumentar sus negocios e ingresos. La experiencia en el manejo de comunidades, la capacidad de vinculación —sobre todo de jóvenes— y las tácticas de guerra de guerrillas aprendidas en los grupos insurgentes, permiten que las bandas criminales ocupen y defiendan corredores estratégicos necesarios para el tránsito de droga, insumos y armas. De los paramilitares —y de la guerrilla también— las bacrim heredaron, adicionalmente, las rutas del narcotráfico, la capacidad de extorsionar cadenas completas de negocios, la cooptación de la institucionalidad local y regional y la infiltración de las fuerzas de seguridad. Su alcance no se limita a las zonas rurales o a las pequeñas poblaciones pues ejercen presencia en zonas urbanas con redes de microtráfico, trata de personas y cobro de extorsión a todo tipo de negocios.
Hace algunos días el Ministerio de Defensa expidió la Directiva 15 en la que se revisa la doctrina de seguridad aplicada a las bacrim. Hasta ahora se les reconocía como grupos delictivos organizados dedicado al narcotráfico y a otras fuentes ilegales y su persecución correspondía principalmente a la Policía. Con la nueva Directiva, las bacrim serán consideradas “grupos armados organizados” GAO —por su control territorial, su capacidad de sostener operaciones militares sostenidas y concertadas y por portar armas largas, llevar uniformes y tener campamentos— y serán el ejército, la fuerza aérea y la armada quienes tendrán la responsabilidad principal en lo que concierne a su persecución y desarticulación.
Las Fuerzas Armadas adquieren la facultad de bombardear,
desde aviones y helicópteros o con artillería,
a las bandas criminales
Alrededor de la mencionada Directiva se han generado discusiones, principalmente de tipo jurídico y político, porque las Fuerzas Armadas adquieren la facultad de bombardear, desde aviones y helicópteros o con artillería, a las bandas criminales. Algunos erróneamente han señalado que con esta decisión se reconoce un carácter beligerante o un estatus político a los GAO, cuando en los Protocolos I y II expresamente se aclara que nada en sus disposiciones apuntará a tal cosa. Igualmente, hay advertencias sobre la posibilidad de bombardear civiles bajo la nueva estrategia. En este último punto es necesario recalcar que la utilización de la fuerza bajo el Derecho Internacional Humanitario debe siempre cumplir con los principios de distinción (solo contra combatientes miembros de los GAO), proporcionalidad (evitar daño colateral y muertes incidentales) y necesidad (obtener una ventaja militar clara y directa). Con inteligencia y armas de precisión, los bombardeos tendrán que ajustarse a los protocolos utilizados por las fuerzas armadas en acciones contra la guerrilla.
La Directiva podrá en ciertos casos permitir ofensivas contra los grupos “enfusilados” de las bacrim encargados de territorios estratégicos, pero lo cierto es que la lucha contra estos grupos no se ganará desde el aire. Mi experiencia en territorio me demostró que el 80 % de la presencia e influencia de las bandas criminales se da con hombres de civil, máximo dos o tres juntos, con armas cortas y en ocasiones desarmados. Su objetivo, la mayoría de las veces, no es enfrentar a la fuerza pública sino presionar el pago de extorsiones y controlar los negocios del microtráfico y la minería.
Más que aviones y bombas inteligentes, la lucha contra las bacrim necesita programas de prevención de la vinculación de los jóvenes a estos grupos, no de otro modo se podrá cortar el combustible inagotable del talento humano que se desperdicia en el crimen. Se requiere de una Fiscalía Especializada, con recursos para mantener redes de información, realizar análisis de contexto y para actuar en las zonas con autonomía las autoridades locales pueden tener graves problemas de infiltración. Más que fusiles y camuflados en la lucha contra las bacrim, se necesita una policía judicial capacitada y con herramientas tecnológicas y humanas que le permitan obtener pruebas en contextos complejos y distantes. A los miembros de las bacrim no se les puede seguir capturando por concierto para delinquir pues el desgaste institucional no es proporcional a la pena que resulta de una condena. A los miembros de las bacrim hay que investigarlos y condenarlos por el desplazamiento forzado que suele acompañar las amenazas y la extorsión y por la vinculación de niños, niñas y adolescentes a sus filas. Estos delitos, además de llevar penas mayores, pueden ser considerados delitos internacionales.
Treinta años de aprendizajes criminales y sucesivos conejos a las procesos de desmovilización deben prender las alarmas de todos. Hay que terminar el conflicto armado con las Farc en La Habana pero no es a vuelo de pájaro como vamos a enfrentar y vencer a las bacrim en Colombia.
