Néstor Humberto Martínez, un abogado del poder que alcanza la Fiscalía

Néstor Humberto Martínez Neira es el nuevo fiscal general. Mostró su poder entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y superó a Mónica Cifuentes y Yesid Reyes con 17 votos de veinte posibles. Se trata de la llegada del abogado más influente en los grupos económicos del país al primer cargo de la rama del poder judicial: por las oficinas de la firma Martínez Neira Abogados desfilan a diario los grandes ‘cacaos’ del país. Es dueño, fundador y actual socio junto a su hijo de la firma internacional DLA Piper. Antes de ser Fiscal General, en remplazo del tolimense Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez se sentó al lado derecho del Presidente Juan Manuel Santos en el Palacio de Nariño. En agosto de 2014 fue nombrado Ministro de la Presidencia y se convirtió en el coordinador de todo el gabinete hasta junio de 2015 cuando abandonó su cargo en medio de un enfrentamiento contra otro sector del primer anillo del Presidente: las ministras Gina Parody, Cecilia Álvarez y María Lorena Gutiérrez quien se quedó con su cargo y terminó designada en la embajada de Alemania. El poder de Martínez siempre las incomodó en tanto su cercanía con el Vicepresidente Germán Vargas.  Pero antes de ser designado por Juan Manuel Santos como el nuevo “superministro”, ya desfilaba por el Palacio de Nariño y formaba parte del círculo íntimo del Presidente.

Durante los primeros meses del segundo periodo presidencial, fue el hombre de confianza del primer mandatario. Atendía todos los temas y era el filtro en cada decisión que se tomara en Palacio incluso en funciones de Ministro de Justicia en paralelo con Juan Fernando Cristo. Martínez fue el puente entre ministros, funcionarios, políticos y empresarios para los trámites ante el alto gobierno.

También, junto a su compañero de Cambio Radical, el vicepresidente Germán Vargas, formaron un bloque de poder en el Palacio de Nariño coordinando desde su despacho los temas de trámite legislativo y el engranaje del equipo de gobierno.

La trayectoria de este abogado graduado en la Javeriana en el año 1977, que ha vivido con un pie en el sector privado y otro en el sector público, le ha permitido convertirse en asesor de primera mano de los grandes poderes económicos del país.

Fue ministro de Justicia de Ernesto Samper antes de su fallida campaña a la alcaldía de Bogotá y estuvo en el gobierno de Andrés Pastrana como ministro del Interior. Luego pasó a formar parte de la dirección de Banco Interamericano de Desarrollo, de donde se vino a fundar el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

A su vez, entre su lista de clientes, los que según Néstor Humberto Martínez –el nuevo Fiscal General– no le generan ninguna inhabilidad o impedimento legal o ético para asumir la cabeza del ente de investigación, se cuentan los bancos más grandes del país, comenzando por los del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien siempre lo ha tenido como su asesor de cabecera desde los principios de su carrera. Verbigracia, Martínez le prestó asesoría en la compra del periódico El Tiempo al grupo Planeta, del que ahora hace parte de la junta directiva; tramitó el registro del Grupo Aval ante la Securities and Exchange Commission –la Superfinanciera en EEUU–; lo asesoró en la compra de Promigas a un grupo de inversionistas extranjeros, y le armó la figura jurídica para sus negocios de palma y caucho en la altillanura, donde Sarmiento Angulo habría acumulado tierras baldías a través de subsidiarias de su banca inversión Corficolombiana.

La cercanía del ahora Fiscal General Néstor Humberto Martínez con el poder no se circunscribe únicamente a la banca y llega hasta los grandes medios de comunicación. Su firma, le ha prestado servicios a los dos canales de televisión privados, Caracol y RCN. Otros que figuran en la lista de clientes son: Carbones Colombianos del Cerrejón, Chevron, Goldman Sachs (oro), Grupo Aval, Grupo Poma, Grupo Santo Domingo, Hoteles Estelar, Ingenio del Cauca, Ingenio Pichinchi, Ingenio Providencia, Ingenio San Carlos, Leonisa, Mafre Compañía de Seguros, Medoro Natural Resources (Marmato), MF Global, Organización Ardila Lülle, Pacific Rubiales, Seguros Alfa y Ventana Gold entre otros.

Néstor Humberto Martínez formó parte del grupo élite de abogados de Pacific Rubiales, de los cuales también hacen parte nombres como el del exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y el del abogado Jaime Granados. Martínez fue el apoderado de Pacific Rubiales en el pleito contra Ecopetrol por la aplicación de la cláusula de precios altos en el contrato de Campo Quifa en la que fue derrotado. Después de que Pacific perdió el pleito en el tribunal de arbitramento, Martínez amenazó al Estado colombiano con demandarlo ante los tribunales del TLC con Canadá.

En una entrevista en la W Radio, Martínez señaló que estaban evaluando tres opciones: demandar el laudo ante el Consejo de Estado, demandar ante tribunales internacionales y demandar la validez de la cláusula: “Nos quedan varias vías, tenemos cinco días para solicitar aclaraciones y complementaciones, está abierta la vía del recurso de anulación del laudo y quedan abierta vías de un debate judicial, ya no sobre la interpretación del contrato sino sobre la eficacia y existencia del contrato, y en una tercera instancia estamos evaluando desde el día de ayer la posibilidad de aplicar en este caso el TLC entre Canadá y Colombia”.

En su momento estuvo en la mira de senadores como Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, quienes criticaron su injerencia en el gobierno, a pesar de saber que éste representaba los intereses de los privados, que según ellos, nunca ha ocultado.

Fue justamente por la presión de los senadores del Polo quienes comenzaron a hacerle un seguimiento a la tenencia de tierras, que estalló el escándalo por la acumulación de baldíos por parte de multinacionales como Carguill y Riopaila Castilla, que entonces le costó la cabeza al embajador en Washington Carlos Urrutia, cuya firma, los había asesorado jurídicamente. Fue allí cuando Néstor Humberto Martínez se convirtió en blanco de críticas. Recibió el título de ‘El abogado de los baldíos’ a raíz de su participación en la redacción de la denominada Ley Urrutia, que buscaba legalizar la tenencia de la tierra de los grandes empresarios, cuando el ministro de Agricultura de la época, Francisco Estupiñán, había dicho que el Congreso debía resolver el “chicharrón” de la acumulación ilegal de baldíos.

Néstor Humberto Martínez habría diseñado una fórmula que le permite al gobierno asegurarles a los inversionistas que compraron baldíos que no se revocarán sus compras. Como asesor de la Presidencia buscaba darle piso jurídico a la compra de las tierras de los campesinos que terminaron en manos de grandes empresarios. En esa época, Martínez afirmó: “la Ley exigía que en los títulos de adjudicación del Incora y ahora el Incoder, se escribiera las limitaciones que tenían los predios. En algunos casos se hizo, no en todos se hizo, eso hace que no todas las personas hayan conocido el régimen de restricciones que podían tener esas tierras. De tal manera que eso es un típico caso de falla del servicio que no genera responsabilidad para los particulares”. Entonces el Supernotariado se opuso a esta tesis al afirmar que “sería una irresponsabilidad del gobierno nacional salir a decir que hubo o no hubo falla del servicio. El único que puede determinar en Colombia si hubo falla en el servicio es un juez de la República”.

Al respecto, el periodista Daniel Coronell en la columna titulada Tenedores y Cuchillos (Agosto 10 2013) afirmó: “Un proyecto de ley para sanear la ilegal apropiación de antiguos baldíos será presentado por el gobierno al congreso. El redactor principal del proyecto no es un funcionario sino el abogado Néstor Humberto Martínez. Y presentó un documento que probó las modificaciones”.

El 12 de agosto de 2013, Martínez desmintió a Coronell en una entrevista con la emisora Blu Radio, sin embargo, admitió que sí ha dado conceptos como asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) luego de la socialización del proyecto que ha hecho el Gobierno nacional.

En su siguiente columna (17 de agosto de 2013) Coronell contraatacó: “Néstor Humberto Martínez, asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que él no ha redactado ni una coma del borrador de proyecto de ley sobre baldíos que elabora el gobierno y que fue objeto de la columna anterior ‘Tenedores y cuchillos’. Una fuente de información creíble sostiene lo contrario y precisa que el doctor Martínez entregó un documento al gobierno que sirvió de base para la elaboración de la parte sustancial del articulado’’

Y al cabo de unas semanas, en septiembre de 2013, Jhenifer Mojica, ex subgerente de tierras del Incoder, reconoció que Néstor Humberto Martínez participó en la redacción del proyecto de ley. Mojica afirmó: “La SAC aportó un propio proyecto de ley para poder regular la situación de los baldíos el cual fue redactada por Néstor Humberto Martínez”.

Lo cierto es que finalmente la Sociedad de Agricultores de Colombia contrató al exministro Néstor Humberto Martínez como abogado para dar la batalla jurídica en el tema de la adquisición de baldíos por empresas agroindustriales. Fue escogido no solo por su fortaleza jurídica sino por su capacidad mediática ya que el tema tenía componente legal pero también político y de opinión pública y fue el gran asesor de ese proyecto que finalmente no encontró buen ambiente en medio de los dos paros agrarios.

Ahora Martínez cumplió su propósito: terminó con éxito una campaña que comenzó desde el día uno de su renuncia al ministerio de la Presidencia y se prolongó por más un año entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su arrolladora victoria en la Corte mostró su entronque con los magistrados que mayoritariamente se inclinaron por el abogado del poder como el elegido para asumir el segundo cargo con más poder después del Presidente de la República.