La Secretaria Operativa de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO) se reunió en Medellín el 24 y 25 de junio para profundizar su mandato de fortalecer la agenda de derechos de las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras y raizales. Los 20 delegados llegaron de diversos lados del país, incluyendo Arauca, Bogotá, Costa Caribe, Medellín, Costa Pacífica, Cali y los valles interandinos. En medio de la crisis humanitaria causada por la guerra que desproporcionadamente afecta a los pueblos afrodescendientes e indígenas y las expresiones de racismo estructural y discriminación racial, la Autoridad Nacional sirve como un espacio de articulación para resistir y desarrollar alternativas para promover el respeto por los derechos de la gente afrodescendiente del país. Sin embargo, este gobierno, sistemáticamente, ha continuado con el incumplimiento histórico en sus acuerdos y deberes de los diferentes gobiernos con el pueblo afrocolombiano. En los temas relacionados con los afrocolombianos, el gobierno de Juan Manuel Santos es simplemente uno más que viola sus derechos.
La Autoridad Nacional Afrocolombiana nació en agosto de 2013 cuando más de 1.500 afrocolombianas se reunieron en Quibdó (Chocó) para celebrar el aniversario 20 de la Ley 70 de 1993 en el Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal. Los participantes llegaron de Consejos Comunitarios, organizaciones negras, expresiones urbanas y movimientos sociales con la ilusión de avanzar en la reglamentación de los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993 que consagró los derechos de los afrocolombianos dentro de la carta política de la Nación.
Después de más de 20 años, el Gobierno no ha demostrado la voluntad política de reglamentar los capítulos sobre Recursos Naturales (IV), Minería (V), Etnoeducación (VI) y Desarrollo (VII). Entendiendo la importancia de este evento histórico, el presidente Juan Manuel Santos y el exvicepresidente Angelino Garzón, llegaron al Congreso Nacional del Pueblo Negro y se comprometieron con dos temas: (1) La Ley 70 la reglamentación iba a estar lista en diciembre de 2013 y (2) que aceptarían la decisión del Congreso en cuanto su estructuración para avanzar en la concertación e implementación de los acuerdos previos entre el gobierno y los procesos organizativos históricos del pueblo negro, afrocolombiano. Ninguno de estos compromisos se han hecho realidad. Al incumplirlos, el Gobierno colombiano ha creado una cantidad de problemas evitables, y que están en la base de las acciones legales contra el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por no haber sido consultado.
Para Yolanda García, delegada de las mujeres a la Autoridad Nacional Afrocolombiana, “la historia de violaciones a los derechos de las comunidades es larga por lo que no será la primera vez que el pueblo negro tiene sobradas razones para demandar legalmente políticas públicas del Gobierno por violar su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, e informado”. Por ejemplo, la Ley Forestal de 2006 y la Reforma al Código de Minas 2010, fueron tumbados por ser inconsultas y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue determinada parcialmente inconstitucional por la misma razón.
En el proceso de formulación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, según los miembros de la Autoridad Nacional Afrocolombiana, se violaron los derechos a la participación, consulta previa, libre e informada, al debido proceso, a la igualdad y a la entidad legal del pueblo. Estos abusos fueron ratificados por entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación y la Defensoría. Por ello se interpuso una tutela, que como ya suele ser común, se perdió en primera instancia y se espera el fallo del Consejo de Estado en segunda instancia. Según lo que fue informado a la Secretaria Operativa de la Autoridad Nacional, el fallo debió salir el día 17 de junio del 2015. La orientación trazada por la Secretaria de la Autoridad fue clara: ir a las instancias internacionales si es necesario. Según Emigdio Pertuz, miembro de la Secretaria Operativa de la Autoridad, “a nombre del Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, afrocolombiano, palenquero y raizal estamos dispuestos a llegar hasta el final en esta batalla jurídica y política acudiendo a todas las instancias nacionales e internacionales”.
A lo largo de un poco mas de dos años de interlocución con el Gobierno Nacional, quienes organizaron el Primer Congreso y los integrantes de la ANAFRO, han acumulado documentos y grabaciones que esgrimen como pruebas en defensa de los derechos de las comunidades. Dicen que el Gobierno Nacional violó sus derechos a la participación en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y a la Consulta Previa, Libre e Informada, y que incluso, estas violaciones están aceptadas en documentos del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación. Afirman, igualmente, que al consultar a los pueblos indígenas y al pueblo Rom, pero no a los afrocolombianos, se violó el derecho a la igualdad. Con todas esas graves violaciones juntas, el Congreso no debió tramitar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros de la Secretaria Operativa de la Autoridad Nacional Afrocolombiana esperan probar que se violaron sus derechos. El Gobierno Nacional fue advertido con tiempo que eso podría pasar y tuvo oportunidades para poder evitarlo y no lo hizo.
Es posible que los problemas legales entre el Gobierno Nacional y el pueblo negro no paren en lo inmediato. En lugar de convocar y trabajar con las distintas expresiones del movimiento negro, entre ellas a la Autoridad Nacional Afrocolombiana, se acaba de conocer en el movimiento la expedición de nuevos decretos y resoluciones que llaman a conformar la Comisión Consultiva de Alto Nivel basándose en el Decreto 3770 de 2008, y sin tomar en cuenta lo dispuesto en la Sentencia T-823/2012. Estos nuevos decretos darán lugar a nuevas demandas. “El Gobierno se acostumbró a manejar los temas de la comunidad negra a las patadas, sin agenda y sin previsión alguna. En ocasiones sacan decretos solo para ganar tiempo y nos toca demandarlos, mientras tanto las entidades avanzan con sus cosas sin importar que para ello tengan que continuar dividiendo a las comunidades. Usted me pregunta que si las cosas han cambiado, teniendo una viceministra afrocolombiana en el Ministerio del Interior, y la respuesta es que no; y si tomamos lo ocurrido con el Plan Nacional de Desarrollo, y el cumplimiento de la Sentencia T-576/2014, la conclusión es que nunca estuvieron tan mal”, dijo un delegado a la reunión de ANAFRO que prefirió mantener su nombre en reserva.
