Un grupo de indígenas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –Opiac- tenían un último chance en la Corte Constitucional. Buscaban defenderse, a través de una acción de tutela, de los efectos de la implementación de una ley para el campo promovida por el gobierno del Presidente Santos y para cuya aprobación no se les habría hecho una consulta previa como exige la ley. Se trata de la ley de Zonas de interés de desarrollo rural, económico y Social, Zidres, un proyecto que busca cambiar las reglas para la tenencia y uso de tierras en la Altillanura y es aplicable a otras regiones del país. La ley Zidres ya fue aprobada en el Congreso pero fue ampliamente criticada por organizaciones políticas y sociales.
Los Indígenas no contaron con buena suerte en la Corte. Se encontraron con un fallo de la Sala de Revisión de Tutelas, que preside el Magistrado Jorge Pretelt quien juntó al Magistrado Alberto Rojas decidieron negarles la solicitud a los indígenas y marcaron el camino para darle vía libre a la implementación de la ley.
El fallo de Pretelt, un magistrado políticamente enfrentado con el gobierno desde que el presidente Santos intervino en la investigación en su contra y solicitó públicamente su renuncia de la Corte, le da vía libre a esta iniciativa que enfrenta otras demandas en la Corte Constitucional como la que interpusieron los senadores Jorge Robledo del Polo Democrático y Alberto Castilla para quienes la ley Zidres “Es inconstitucional en cuanto a la propiedad privada e ilegal frente al destino de los baldíos. Esta ley habla de bienes inmuebles de la Nación para confundir y aumenta los límites de acumulación para favorecer a los empresarios y multinacionales con los baldíos que deben ser para los campesinos y los desplazados’’.
El fallo del magistrado Jorge Pretelt no es una sentencia cualquiera y le cae muy bien al gobierno que tenía problemas con la viabilidad esta esta iniciativa en la evaluación de constitucionalidad la Corte –que aún está pendiente- pero que ya tiene delineado un camino abierto por este fallo en contra de los indígenas de la Amazonía. Su alegato de fondo es que no se requeria de consulta previa para hacer realidad la ley ni consultarlos como una minoría que podría ser afectada al igual que los campesinos y propietarios de pequeñas y medianas tierras en la Altillanura.
Lo cierto es que ésta ley fija nuevas normas para la tenencia y explotación de las tierras por empresas privadas en todas las regiones de Colombia y se comenzará a aplicar no obstante los reclamos, protestas y advertencias de la totalidad d elas organizaciones campesinas y sociales. Aún está pendiente la evaluación constitucional de la totalidad de la Ley pero el fallo favorable del magistrado Pretelt le abre el camino.
Estos fueron los argumentos del magistrado Pretel para negar la solicitud de las comunidades indígenas. Ver acá.
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