Independiente de si logramos o no pactar el fin del conflicto, como sociedad tenemos un gran desafío, y es aliviar las desigualdades tan abismales en nuestro país. Atravesamos un período coyuntural, sin duda, sobre todo por la crisis ambiental, que por fin está enseñándonos que cuidar el medio ambiente no es cuestión de romanticismo ecológico; que no solo los chigüiros se mueren de sed: también los niños de La Guajira. Hay coyuntura, aunque los problemas son estructurales.
Y lo digo en el sentido más pragmático posible. Nada más lejos de mi discurso que la perorata de todos los que, ante la evidente crisis social y económica de un amplio sector de la población, intentan capitalizar la situación a su favor. La izquierda democrática radical adjudica la responsabilidad al modelo neoliberal, que maliciosamente iguala con libertad económica; los movimientos sociales campesinos consideran que el problema se debe al modelo económico capitalista, que equivocadamente contraponen al socialismo; y los sectores de la derecha terrateniente, encarnados en el uribismo, achacan la situación a la ineptitud de un gobierno aliado del terrorismo y a la paranoia del avance de un régimen comunista dentro del estado. También están los sectores de centro moderado, dentro de los cuales me identifico, que hacen mayor énfasis en implementar un mejor diseño institucional, en buscar soluciones de fondo al problema de la corrupción y en desmontar el uso de la violencia y la ilegalidad como instrumentos políticos.
No puedo ocultar mi escepticismo respecto a si sea conveniente la pluralidad de proyectos políticos irreconciliables como los que se proponen en nuestro país. Desde luego, la pluralidad de partidos es fundamental en una democracia. No abogo por la abolición de las alternativas programáticas, sino por la búsqueda de puntos de encuentro en donde todos podamos sentirnos identificados. La existencia de proyectos políticos irreconciliables afecta la construcción de bienestar para las mayorías, pues la lucha por el poder se convierte en lo principal, y más que alternativas, se producen antagonismos, donde el ejercicio de la oposición y el control político se reduce a mero sabotaje, guerra sucia, confusión de la opinión pública y problemas de gobernabilidad. La sola idea de oposición política es, en esencia, perniciosa. Baste con atender a las palabras de Timochenko, sobre que las FARC son “la única verdadera oposición”. Deberíamos, en lugar de oposición, hablar de partidos con postura crítica. La oposición solo lleva la contraria, y jamás reconoce los logros de los partidos rivales.
La búsqueda de un consenso no es imposible. Nuestra constitución debería ser la fuente de inspiración de nuestras iniciativas. La Constitución de 1991 es “un estado por construir”, “una constitución que clama por ser aplicada”, como decía Carlos Gaviria. Pero, por el contrario, en lugar de tomar nuestra carta magna como la fuente de emanación de nuestro proyecto nacional, cada partido político ve en ella, sobre todo, un marco de maniobra para la construcción de sus proyectos particulares, en especial los extremos del espectro. Esto es demostrable, pues ni el Estado Comunitario del primer Uribe de 2002, ni la “revolución de nueva democracia”, tesis Maoísta y proyecto semi silencioso del MOIR o el ala Robledista del Polo, son precisamente modelos de continuidad con la constitución de 1991.
La solución a los problemas no está ni en las repúblicas populares de los movimientos campesinos, ni en las utopías revolucionarias de la izquierda radical, ni en las gestas contrarrevolucionarias de la derecha terrateniente. Bien haríamos con limitarnos a desarrollar la constitución del 91, que ya consigna un estado justo. Que no existe aún, pero que tenemos derecho a construir porque ella nos lo permite. Necesita algunos ajustes, pero solo aquellos que buscan fortalecerla y hacerla más coherente. No necesitamos una nueva. No hace falta una refundación más, ni la que se quería en Ralito (que siempre será un peligro latente), ni la que quieren en La Habana, que a juzgar por los videos donde las FARC han socializado su propuesta constituyente, sería una verdadera atrocidad: socialismo bolivariano y “continuación del conflicto”. Por algo no quieren entregar las armas. Las comillas son palabras textuales de Iván Márquez.
suceda o no el posconflicto, tenemos la oportunidad de oro para empoderarnos de la constitución del 91, hacerla respetar y desarrollarla. En ella se configura un estado justo y una sociedad incluyente, ese mismo que reclaman los excluidos de hoy. Y, en sentido estricto, es nuestro deber, porque consagra un estado autonomista y de democracia participativa, donde el papel de la acción ciudadana, de control político e iniciativa legislativa, es la garantía del correcto funcionamiento de las instituciones; no las marchas multitudinarias ni las protestas sociales. No pienso condenarlas, ni mucho menos cohonestar el adefesio de su criminalización. Pero amigos, el hábito de andar marchando para protestar es el resultado de cómo nos educaron políticamente nuestros sectores de izquierda, que en su juventud soñaban con construir el estado de las masas del socialismo y la democracia directa. Lamentablemente, (para ellos, no para mí) el estado de derecho es más eficiente. Un ejemplo sencillo: 10 mil personas en la plaza de Bolívar no restituyeron a Petro, lo hizo una acción judicial, que basta la haga una sola persona. Y tampoco esos 10 mil podían tener el menor efecto de tumbar al procurador, en cambio una acción judicial de Rodrigo Uprimny podría darle ese gusto a muchos.
Cambiemos las revoluciones por proyectos de mediano plazo, que no busquen cambiar la condición humana, ni dar la espalda a las dinámicas de la economía global. Trabajemos a 10 años, a 20 años. Transiciones. Pero no hacia el estado marxista, que ya los vecinos, una vez más, han demostrado que es una teoría económica pseudocientífica. Y tampoco a la irresponsabilidad del capitalismo sin trabas, a riesgo de convertirnos en España o Grecia.
En la actualidad somos una aristocracia constitucional, no una democracia. Hagamos la transición al estado social de derecho, hacia la economía social de mercado (modelo que los invito a conocer), hacia la democracia participativa que consagra nuestra constitución. Un país donde los ciudadanos somos más activos en la política, eso sí, ojalá no profundizando el antagonismo de clases (más que atacar al rico, ayudemos al pobre y ampliemos la clase media). La desigualdad en Colombia no es causa del neoliberalismo: los recursos están y son consignados para las políticas sociales. Se los roban en las regiones, tanto más, como poco educado sean los ciudadanos de las mismas, cuando no sea que estén capturadas por las mafias paramilitares. El problema es el diseño institucional, nombramientos discrecionales en cargos, pocos concursos de méritos, mucho poder para quien está en el escritorio, y la falta de controles ciudadanos a la corrupción en las ramas del poder, incluidos los órganos de control, lamentablemente. Y claro, también en los desequilibrios a la libre competencia que crea el neoliberalismo (el cual es más que todo una dictadura de poderes financieros a través del estado). Hay que rescatar el debate racional, la exposición objetiva de las ideas políticas, y saber reconocer el logro de la facción contraria. Es aquí donde debemos buscar las respuestas. Lo que está mal no es el modelo, es la forma de hacer política.
Una última palabra respecto a la guerra: hay que cambiar la doctrina de seguridad nacional, para no andar matando campesinos desarmados porque le regalaron una gallina a la guerrilla, pero no quitar respaldo jurídico a las FFMM. Se hizo al revés, y por eso hay miles de militares en prisión.
