El sector de seguridad privada es especialmente significativo en la economía nacional como que maneja unos $7 billones y ocupa más de 200.000 personas. ( El ejército tiene 246.325 efectivos y la Policía 176.557 uniformados.)
La vigilancia privada comprende la vigilancia fija y móvil, escoltas y transporte de valores, y se ofrece a través de empresas comerciales, cooperativas Servicios Comunitarios de Seguridad, que proliferaron mucho en una época y se prestaron para actividades non sanctas ; personas naturales y los departamentos de seguridad que a 2012 eran 671. La licencia es otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) por cinco años. En Colombia hay cerca de 5.000 servicios diversos de vigilancia y seguridad privada legales, de los cuales cerca de 900 son empresas de vigilancia. La SVSP, calcula que son menos de 500 las empresas. Los escoltas y los guardas de seguridad no están debidamente censados en la Superintendencia. La vigilancia privada cubre también las escuelas de capacitación y empresas de blindaje de vehículos.
Hace 17 años han buscado reformar la vigilancia privada.
El decreto ley que la regula data de 1994 y fue reglamentado 7 años después. En 1998 liderada por la Asociación Nacional de Seguridad Privada Advir, se pretendió reformar esa norma. El primer documento CONPES 3521 sobre el tema se aprobó en 2008 y recomienda presentar un proyecto de ley para modificar el decreto ley 356 de 1994, por lo que se sometió a consideración del Senado el proyecto No. 188 que terminó archivado. A finales del 2014 el partido de la U presentó el proyecto de ley 072 que insiste en la reforma del 356, básicamente para impedir la participación de capital extranjero en dichas empresas.
¿Qué quiere reformar el gobierno?
Aunque no permitiría la constitución de empresas de vigilancia privada por compañías extranjeras ni unipersonales, dejaría abierta la posibilidad de inversión de capital extranjero en esas empresas en la forma como lo reglamente el ejecutivo. Aprovecharía para trasladar a esas empresas la vigilancia y administración de centros correccionales y prisiones y aliarlas a la defensa pública; las habilitaría para la producción, comercialización y distribución de bienes destinados a la seguridad; extendería el término de la licencia a 10 años o la haría indefinida y legalizaría la vigilancia privada en el sector residencial, que sólo en Bogotá hay más de un millón de predios de PH en Catastro.
¿Qué quieren las empresas de vigilancia privada?
Las empresas autorizadas legalmente para prestar el servicio probablemente aspiran a que las autoridades combatan efectivamente la piratería en el sector; que se eliminen las contrataciones directas y no permitir la participación en licitaciones de compañías de papel; que puedan adelantar actividades relacionadas a la vigilancia, sin necesidad de constituir otra empresa; se les libere la comercialización de equipos de alta tecnología, armas de largo alcance, bombas y explosivos; se reduzcan las tasas que deben pagar a la SVSP y que ésta se acomode a la ley.
¿A qué aspiran los guardas de seguridad?
A no ser discriminados en cuanto están excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo cuando residen en el sitio de trabajo; regularización de la jornada laboral, algunas veces deben doblarse de turno o cumplir jornadas de 12 horas o de 24 X 24; que sean considerados como trabajadores de alto riesgo; se mejore la salud ocupacional, en atención a que su salud se deteriora cuando cumplen turnos nocturnos y se les garantice el pleno de sus derechos laborales.
Lo que empaña vigilancia privada
Además de la reciente investigación de la Fiscalía sobre una presunta defraudación al Estado de parte de algunas empresas de seguridad privada, se ha generalizado la percepción de falta de calidad de algunas compañías de este tipo, el aumento incontrolado de la informalidad, descuido en la capacitación de guardas de seguridad y supuestamente mala utilización del uniforme.
