Si el proceso de paz con las Farc (y quizás con el ELN) sobrevive a los fuertes embates que se derivan, tanto de las vulnerabilidades propias de cualquier proceso de negociación —sobre todo en medio del conflicto—, como de los innumerables intentos de sabotaje por cuenta de quienes le deben su poder y sus riquezasa la guerra, Colombia deberá enfrentar uno de los mayores retos de su historia: la implementación, con énfasis territorial, de una serie de acuerdos que incorporan cambios estructurales en los extremadamente sensibles y estratégicos temas de desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas y gestión del postconflicto (ver “La Paz Territorial” y “¿Por qué este Proceso es diferente?”).
Dos dilemas, principalmente, se entretejen en la configuración de las dificultades que implicará abordar este reto exitosamente.
Es precisamente en el territorio donde ha tenido lugar el conflicto. Es allí donde las narrativas que circulan dentro del imaginario institucional de “la nación” pierden la aparente coherencia que exigen las simplificaciones mediáticas y revelan su enorme complejidad histórica, política, económica y social. Es allí donde innumerables conflictos por el control de la tierra, de las poblaciones y de los recursos naturales y públicos han configurado escenarios de constitución forzada de nuevos y cambiantes órdenes sociales impuestos por los diversos actores armados y sus aliados políticos y sociales (como lo muestran muchos de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como buena parte de la literatura académica). Así, el primer dilema es este: ¿cómo implementar los acuerdos de paz en los territorios en los cuales los actores armados han impuesto su dominio?
Entretejido con el dilema de los órdenes sociales impuestos por la guerra en el territorio, surge un segundo dilema: ¿cómo implementar políticas públicas que materialicen los cambios estructurales contenidos en los acuerdos de paz en territorios que históricamente han sido presa de la debilidad de las instituciones y de la captura del estado por maquinarias políticas extractivas y clientelistas (muchas veces asociadas con los actores armados y las mafias)?
Este doble dilema de la paz territorial invita a que el país realice una profunda reflexión en torno a la, hasta ahora si caso errática pero en realidad ausente, política pública de descentralización.
Para que Colombia pueda hacer la paz territorial, la nación tiene que dejar atrás la desconfianza sobre los territorios, y embarcarse lo más pronto posible en un proceso de reconfiguración del proyecto descentralizador imaginado por la Constitución de 1991.
Una política de descentralización que permita abonar el terreno para la paz territorial debe articular cinco tipos de estrategias complementarias entre sí.
En primer lugar, hay que repensar y rediseñar la arquitectura institucional de distribución de recursos y competencias que ha venido mutando coyuntural y fragmentariamente en Colombia durante las últimas dos décadas. Tenemos mucho para aprender de los recientes procesos de asignación de regalías, o de consulta previa con las comunidades, o de evaluación de la calidad de la salud y la educación. Colombia debe aprovechar estos aprendizajes para definir un nuevo diseño institucional de la descentralización, orientado hacia el fortalecimiento de la democracia en el territorio. La centralización y la recentralización solo beneficia a las élites regionales que mantienen ahorcados a sus propios territorios.
En segundo lugar, y dentro de dicho marco de rediseño institucional de la descentralización, es importante aclarar el papel y la figura de los departamentos. Estos pueden llegar a constituir verdaderos niveles intermedios de gobierno, concentrados en la operación de un nuevo esquema de gobernanza basado en la producción y la gestión de conocimiento para hacer más efectiva la gestión pública, así como en la resolución de disputas y el fortalecimiento institucional de los municipios. Hay que repensar el departamento.
En tercer lugar, si vamos a tomarnos en serio la descentralización, hay que repensar y rediseñar el nivel nacional, o central, de gobierno. ¿Qué papel deberían jugar los ministerios, y en particular el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, en un estado descentralizado?
En cuarto lugar, se deben implementar programas de fortalecimiento de la ciudadanía a nivel regional y municipal; y muy especialmente, programas orientados hacia la constitución de la ciudadanía rural.
Por último, es necesario que el estado colombiano comience a tomarse mucho más en serio, y a vigilar y castigar con mucha mayor contundencia, los delitos electorales que subyacen a las estratagemas de captura y estrangulamiento de la política territorial por parte de las maquinarias políticas.
En suma, es el momento de visibilizar y empoderar intencionada y estratégicamente, a los territorios olvidados de Colombia donde, ojalá, se hará la paz territorial, la paz de verdad.
