A continuación se exponen algunas de las tácticas mediante las cuales un gobierno de apariencia democrática puede imponer sus intereses y los de la propiedad privada por encima del derecho a la educación pública, sin la necesidad de demostrar – al menos no del todo- su carácter dictatorial.
1. La existencia de la universidad pública da razones a la población para pensar que la existencia de lo público (lo que es de todas y todos) es conveniente o, incluso, necesaria. La fuerza de esta idea debe ser disminuida, por ello se recomienda, antes que nada, fortalecer el modelo que avala y promueve la propiedad privada. Se debe hacer uso de cualquier estratagema mediática que ayude a promover el individualismo y el egoísmo, y a afianzar el culto a la propiedad privada. Con este paso cumplido, la mercantilización de la educación – y de los derechos, en general – no parecerá algo improcedente.
2. La educación es un derecho de todas y todos; sin embargo, no está legalmente establecido qué tipo de educación debe garantizar el Estado. Gracias a esto, el Estado no está obligado a financiar y proteger la Universidad Pública, pues puede subsidiar la educación superior por medio de cualquier otro tipo de instituciones de calidad dudosa y proyección social nula, o destinar el presupuesto a entidades financieras que cumplan función de “mediadoras” y “garantes”. De esta manera, resulta viable congelar el presupuesto orientado a la base presupuestal de la Universidad Pública y destinar los recursos públicos a entidades que los transformen en privados, tales como el ICETEX o el FINDETER. Acciones como éstas sólo son definitivas a largo plazo, pero sin duda arrojan resultados progresivamente desde su implementación.
3. La autonomía universitaria es un concepto que, afortunadamente, no se ha desarrollado del todo y, por lo tanto, puede ser direccionado. Aprovechando esto, y la posibilidad de incidencia del Estado, un paso fundamental para el aniquilamiento de la Universidad Pública es evitar que exista una democracia real en su interior, concentrando la posibilidad de autonomía universitaria en un pequeño grupo de profesores de entera confianza. Es decir, alejar a la comunidad universitaria de la capacidad de decidir los rumbos de su universidad asegura que no se sientan identificados con ésta y permitan que el plan continúe.
4. Con un gobierno universitario poco democrático, dirigido por unas pocas personas, es fácil apremiarlas para que tomen decisiones que aceleren y encausen el proceso de aniquilamiento de la universidad pública. Iniciativas como endeudar a la universidad, reducir los gastos de la misma –y por consiguiente su calidad– y buscar reemplazar la financiación estatal por autofinanciación degradante logran este cometido. Todo esto sin olvidar que, paralela y casi clandestinamente, los directivos de la universidad pueden ir generando un escape de presupuesto significativo por medio de la corrupción y el despilfarro.
5. A esta altura, la oposición al aniquilamiento de la Universidad Pública seguramente se habrá organizado de diversas formas. Desarticular esta oposición es un trabajo tedioso, pero que debe llevarse a cabo. La estigmatización y deslegitimación pueden funcionar hasta cierto punto; sin embargo, en un escenario posterior, es necesario prohibir cualquier acción movilizadora que esté en contra del plan: tomar represalias académicas contra los agitadores, y coercitivas en cualquier escenario de manifestación pública. Si la situación se prolonga, se debe recurrir, sin dudarlo, a las amenazas y ataques directos hacia los focos de organización y movilización del estudiantado, mediante las confiables fuerzas paraestatales.
6. Sin embargo, la movilización estudiantil se puede evitar con algunas medidas previas. La proyección social de la universidad y el pensamiento crítico como eje de la formación académica son factores esencialmente contraproducentes, puesto que proporcionan al estudiantado herramientas para interpelar y confrontar al estado y al modelo de universidad que se intenta implantar. La modificación de las mallas curriculares en pro de la configuración de un proceso académico alejado de la realidad del país significa un paso sustancial en la muerte de la Universidad Pública.
7. Con una comunidad estudiantil con bajos niveles de conciencia política, es más fácil lograr un alineamiento hacia nuestro proyecto de universidad y, ¿por qué no?, de país. Privar a los estudiantes de la posibilidad de apropiarse del campus y de la universidad como un todo, mediante la manipulación y la generación de imaginarios excluyentes dentro del mismo estudiantado, ayuda a conseguir un apoyo importante que incluso puede lograr que se vea como necesaria la privatización o la desaparición de la universidad. Para ello, la discusión sobre las paredes blancas, entre otras, como un culto a la obediencia y al conformismo es una táctica valiosa.
8. Por último, la descontextualización de la lucha estudiantil puede ayudar incluso para que los estudiantes con el objetivo común de defender la educación pública se encierren en una discusión sobre las formas de lucha, en vez de considerar cualquier expresión como legítima y coherente. El debate sobre la violencia puede ser útil al polarizar la comunidad universitaria, y es conveniente en la medida en que podamos aterrizar la doctrina del enemigo interno. Sin embargo, si se permite que la comunidad vea más allá de las formas y comprenda la profundidad del conflicto que hoy en día vive Colombia -evidente en diversas violencias cotidianas que han sido naturalizadas-, la discusión sobre la violencia será un debate perdido, y su uso, una amenaza para la concreción del plan.
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PD: Este es un manual de exclusivo uso para la clase dominante. Si usted no hace parte de ésta, absténgase de permitir que cualquiera de las recomendaciones expuestas en este documento sea puesta en práctica.
