En muchas zonas del Cauca, la única presencia estatal es un soldado
Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal
Si hay una imagen que la comunidad internacional concibió de Colombia durante los últimos cincuenta años, es la de la guerra. También lo fue para muchos colombianos. Sin embargo, el flagelo de la guerra es el fantasma que opaca el resto de problemas que parecieran no tener nada que ver con la construcción de un país más justo.
Por ello en el 2012, el presidente Juan Manuel Santos consolidó un precedente: sentar a la guerrilla de las Farc junto a los equipos negociadores en La Habana, para poder abordar el fin del conflicto armado. Y como en todo proceso social, los diálogos no han tenido menos detractores. Algunos miembros de la izquierda manifiestan que el fin del conflicto armado no implica la paz. Un ejemplo de esa postura es el sistema de salud colombiano, uno de los más afectados por la corrupción: las Empresas Promotoras de Salud (EPS), le adeudaban a los hospitales nacionales a noviembre de 2014, “$5,5 billones, $539.000 millones más respecto al semestre anterior con corte a junio 30 del 2014” (ver informe), reflejándose en una atención precaria de especialistas, reducción de entrega de medicamentos, filas incontables de personas en pasillos con espacios inadecuados, entre otras afectaciones.
Por su parte, desde la derecha política, algunos afirman que el gobierno les entregará políticamente el país a las Farc, y que sentarse a dialogar es muestra de “debilidad”. No obstante, la historia parece desmentirlo; el periodista Alfredo Molano, lo demuestra en una entrevista para El Espectador, realizada a tres de los altos mandos del grupo guerrillero. Allí señalan cómo incluso el expresidente Álvaro Uribe, reconocido por su desacuerdo en que el gobierno santista y la guerrilla dialoguen, intentó también un acercamiento por medio del diálogo con los insurgentes.
Por otro lado, mientras se habla de ‘paz’ con la guerrilla, el gobierno presenta por sexta vez el proyecto de ley para la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que atentaría contra el derecho de concertación propio de las consultas con comunidades indígenas y afrodescendientes; afectaría también a los campesinos sin tierra el beneficio de los terrenos baldíos, favoreciendo la adquisición de éstos a empresas productivas. Según el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla: “con este nuevo intento del Gobierno Nacional queda claro que no existe una política agropecuaria que permita resolver una de las causas del conflicto armado interno, ni el acceso a la propiedad tierra de los campesinos consagrado en el artículo 64 de la Constitución Política de 1991” (ver más).
Más preocupante aún, en La Guajira muchas personas se mueren por falta de agua y alimentos, debido una sequía desde el 2012. Los grandes medios de comunicación dijeron muchas veces que ella era producto del clima. La verdad es otra: si no fuera por la intervención extractiva y salvaje del recurso hídrico por parte de las multinacionales mineras, quizá habría más fuentes de agua. Aparte de eso, solo hay 5,3 % de cobertura de alcantarillado y acueducto en todo el departamento.
En el país hay muchos problemas por solucionar que ponen a prueba el conflicto armado como causa y efecto; pero los discursos generados por los grandes medios de comunicación, como también la apropiación de su mensaje por parte de la población civil, han construido sensibilidades sumamente complejas que nublan la razón y agravan los hechos. Es por esto que en los titulares de las noticias suelen aparecer “soldados asesinados por guerrilleros”, mientras que los guerrilleros son “dados de baja”, es decir, no son personas: son un número.
Como ilustración del efecto del discursivo mediático, el 15 de abril de 2015, guerrilleros de las Farc asesinaron a diez militares en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Muchos se indignaron y los medios pusieron a tambalear las negociaciones de paz. Según la información oficial militar, los soldados "se encontraban desarrollando operaciones de control territorial para garantizar la seguridad de la población civil". Varias fuentes aseguraron que el ataque de las Farc fue una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y un incumplimiento al cese al fuego unilateral declarado por el grupo guerrillero desde el 20 de diciembre del 2014. Pero más allá, varios actores sociales hablaron con sospechas sobre la lenta reacción de los militares tras el ataque.
Para Sebastián Pérez Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Cali, “la premisa del respeto a la vida, no solo debe ser un tema de opinión en toda discusión, sino un ejemplo a mostrar, y esta es la oportunidad de nuestra nación para empezar a consagrarse como lo que proclama en sus artículos de derechos fundamentales dentro de su constitución”. Para Mariano Holguín Rendón, colombiano residente en Murcia, España, “en Colombia se informa lo que el Gobierno quiere que sepa el pueblo; además en este Gobierno se firmará la paz contra viento y marea, así sigan los terroristas matando a sus soldados. Eso a Santos no le importa; solo importa su ego”. Y para Juan Sebastián Morales Jiménez, profesional de Publicidad y Mercado de la Universidad Icesi de Cali, “si se trata de solucionar los conflictos del país, pues es más fácil hacerlo acabando el conflicto con las Farc que sin acabarlo. No creo que el cese del conflicto garantice la paz, pero sí le va a dar herramientas al Estado para poner sus ojos en otras problemáticas…al solucionar el conflicto, seguramente presupuestos inmensos van a quedar a disposición de otros problemas que aquejan al país”.
Los policías y soldados tienen familia. Los de las Farc y ELN también; las víctimas de falsos positivos que casi no salen en los medios, también. Los paramilitares y sus familias no son ajenos al dolor. Todos tenemos familia. ¿Para qué seguir insistiendo en prorrogar una guerra en la que perdemos todos? Y sin embargo, fírmense los acuerdos del fin del conflicto armado o no, hay que insistir en que se construye la paz día a día: desde casa, colegio, trabajo, etc.; y también atendiendo las problemáticas que aquejan a los sistemas agrario, minero, de vivienda, educativo, pensional, de salud, laboral, etc.
