Hay una entidad que pasa casi que inadvertida para órganos de control, pero sobre todo para los medios de comunicación: Colombia Comprar Eficiente (CCE). Esta institución tiene un poder inconmensurable: regular las compras de bienes y servicios de todas las entidades del Estado Colombiano, todas las compras que sean comunes entre las distintas entidades, desde una aguja hasta un camión para obtener una economía de escala, pero parece ser que no es tan eficiente como debería serlo.
La experiencia en el ICBF no es la mejor, y eso que apenas está comenzando a hacerse a través de CCE. ¿Cómo será si se multiplica esta experiencia por todas y cada una de las entidades obligadas a comprar a través de este intermediario oficial?
El instituto ha contratado a través de esta entidad varios bienes y servicios que no han tenido la eficiencia cacareada en el nombre de la entidad. Veamos un ejemplo.
Para la compra de la dotación de trabajo de los 720 servidores públicos con derecho a la misma en todo el país, se escogió a un proveedor de la lista que hace parte de acuerdo macro de precios hecho por CCE para este propósito.
El proveedor no es un productor, o por lo menos no tiene la capacidad para producir las cantidades contratadas; ha tenido que recurrir a otras empresas las cuales deben obtener alguna ganancia, prueba de esto son las distintas marcas en las prendas que hasta la fecha han entregado. En cuanto al calzado es igual: remiten a los beneficiarios a otro tercero.
El proveedor tiene almacenes especializados en ropa casual y no en formal como la contratada, no tiene sucursales en todas las capitales de departamento y menos en todos los municipios donde existe el ICBF, luego algunos trabajadores tienen que viajar a donde el proveedor les diga que encontraran lo pactado, pero no ha sido así y han tenido que volver a viajar o aceptar la insinuación de aceptar a cambio otra cosa.
No se tuvo en cuenta a las personas que no se ajustan a las tallas más comerciales, a las madres gestantes, o a los discapacitados.
Hasta el año pasado el ICBF, adelantaba todo el proceso de contratación en cada una de las regionales, sin traumatismo y garantizaba oportunidad, calidad, satisfacción y las posibilidades de reclamación y solución de manera pronta y directa, es decir era eficiente; había certeza de la calidad, los trabajadores conocían el valor de las prendas y el calzado que les suministran con lo cual se lograba mayor exigencia en el cumplimiento contractual y el debido control social. La intermediación de CCE retarda la atención y respuestas favorables a las reclamaciones de los beneficiarios. La responsabilidad de cumplir con la ley 70 del 88, quedó diluida entre CCE, el ICBF, el proveedor y los “subproveedores”.
La supervisión de este contrato ha tenido, casi que de tiempo completo, a un grupo de profesionales haciéndole seguimiento al mismo y “respondiendo” a cientos de reclamos, situación que no se ha costeado y que atenta contra la mentada eficiencia.
En este proceso no solo perdieron los trabajadores del ICBF, sino las empresas serias de confección y calzado, la cuales fueron “derrotadas” en una especie de competencia “desleal”.
Otro ejemplo fue la contratación de personal de mantenimiento para las distintas sedes del ICBF en el país: Se contrató sin tener en cuenta que ese personal tiene que desplazarse a otros municipios, luego no hubo mantenimiento para muchos sitios.
Me pregunto: ¿será eficiencia tener a dos grupos de profesionales, los del ICBF y los de CCE, trabajando en un mismo proceso, cuando antes lo hacía uno de los dos de forma más eficiente? ¿Ha habido ahorro? De pronto el obtenido de no hacer mantenimiento todo el año.
Las entidades de control y los medios deben hacerle seguimiento a esta entidad, porque si antes había escándalo por la compra de cientos carros que hacían el solo congreso, cómo será ahora cuando una sola entidad es la que condicione las compras de cientos o miles de bienes y servicios.
