Desde hace más de catorce años, la Secretaría de Educación del Distrito revocó los ascensos en el escalafón docente a varios docentes, quienes habían sido estafados desde el interior de la misma entidad. Después de una auditoría, la SED resolvió revocar los actos de ascenso. Renglón seguido a instancias de Sandra Roya, jefe jurídica de la SED, se expidieron algunas resoluciones realizando cobros de los pagos que habián recibido durante la vigencia de los ascenso.
Esas resoluciones de cobro cayeron en manos de Barbara Carbonell, jefe de cobro coactivo de la Tesorería Distrital, quien sin miramiento alguno dictó mandamientos de pago masivos, ordenando embargos de cuanto bien patrimonial tuvieran los docentes. Allí cayeron salarios, ahorros, cesantías, mesadas pensionales y hasta dignidades personales. Con anterioridad, la Contraloría Distrital y la Personería habían declarado que existía detrimento patrimonial, ni pagos adicionales. El par de damas a sabiendas, siguieron adelante en su cruzada de cobrar lo no debido. No les valieron ruegos ni fallos judiciales.
Mediante fallo del 23 de febrero del 2016, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca --dentro del radicado 2012-0009-- les puso el tatequieto a las acuciosas funcionarias, al declarar la nulidad de dichas resoluciones cuando advierte lo que todo el mundo sabía menos las llamadas, a saberlo por su alto rango dentro de la administración distrital :
"Debe quedar claro que la revocatoria directa de los actos administrativos(cic) generadores de perjuicios, como forma de represión a la situación advertida, no involucraba, además, la facultad de conminar a la demandante a devolver los dineros que percibió por sus ascensos, (...) pues de admitirse lo contrario, se aceptaría que tal decisión tendría efectos hacia el pasado. Tenía razón la activa cuando insistió en el recurso de apelación que la autoridad accionada no estaba habilitada para disponer la orden dada, a través de los actos acusados, es decir, abusó de su competencia, cargo que es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que rodeaba a los mismos. "
De esta manera, se pone fin a la desafortunada gestión jurídica de las entidades señaladas en cabeza de las citadas funcionarios, que en total desprecio por el orden jurídico y los docentes de Bogotá, decidieron erigirse en justicieras de oficio, haciendo tanto daño a la ciudad, pues no son pocos los procesos de reparación directa por los tendrán que responder por su actuar autoritario y caprichoso para verguenza de lo bogotanos. El abuso de poder debería ser una extrañeza y no una regla en manos de altas funcionarias como el que aquí se documenta. ¿Qué pretendían estas damas al humillar a los docentes sometiéndolos a ellos y sus familias a cobros ilegales, obligándolos a prolongados procesos judiciales y sacrificio del su salario, única fuente de ingreso para su manutención? ¿Cuaántos abogados tienen las oficinas de defensa judicial de tan poderosas entidades para inobservar que no pueden haber actos administrativos con efectos retroactivos como los que expidieron y ahora se revocan?
Gran lección para la administración distrital que ahora comienza, para que evalúe la calidad del servicio de asesoría y la calidad personal y profesional de sus directivos.
