La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza, es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad.
La brecha entre ricos y pobres está alcanzando nuevas cotas. Recientemente, Credit Suisse ha revelado que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante.1 Se ha llegado a esta situación un año antes de lo que Oxfam predijo antes del Foro Económico Mundial de Davos en 2015 en un informe con gran repercusión. Al mismo tiempo, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la humanidad se ha reducido en un billón de dólares a lo largo de los últimos cinco años. Ésta es sólo la última evidencia de que actualmente la desigualdad en el mundo ha alcanzado unos niveles sin precedentes en poco más de un siglo.
El presente informe Una economía al servicio del 1%2 analiza cómo y por qué se ha llegado a esta situación, además de presentar nuevas e inquietantes pruebas que demuestran la existencia de una crisis de desigualdad que está fuera de control.
Según los cálculos de Oxfam:
• En 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas.
• La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 44% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.
• Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 41%.
• Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.
• Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un centavo al año.
La creciente desigualdad económica perjudica a todo el mundo, ya que debilita el crecimiento y la cohesión social. Pero es la población más pobre la que sufre sus peores consecuencias.
Quienes defienden el statu quo afirman que la preocupación por la desigualdad está impulsada por una “política de la envidia”, y suelen mencionar la reducción del número de personas en situación de pobreza extrema como prueba de que la desigualdad no es un problema tan grave. Están equivocados. Oxfam es una organización cuya razón de ser es acabar con la pobreza y, como tal, considera que los enormes avances que han contribuido a reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema entre 1990 y 2010 son rotundamente positivos. No obstante, si durante este periodo de tiempo la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado, otros 200 millones de personas habrían salido de la pobreza, una cifra que podría haberse incrementado hasta alcanzar los 700 millones de personas si las personas más pobres se hubiesen beneficiado más del crecimiento económico que los sectores más pudientes.
Gráfico: Crecimiento acumulado de los ingresos mundiales que han ido a parar a cada decil entre 1988 y 2011: el 46% del incremento total fue a parar a manos del 10% más rico.
Es innegable que los grandes beneficiados de la economía mundial son quienes más tienen. Nuestro sistema económico está cada vez más distorsionado y orientado a favorecerles. Lejos de alcanzar a los sectores menos favorecidos, los más ricos están absorbiendo el crecimiento de los ingresos y la riqueza mundial a un ritmo alarmante. Una vez en sus manos, un complejo entramado de paraísos fiscales y toda una industria de gestores de grandes patrimonios garantizan que esa riqueza no sea redistribuida, quedando fuera del alcance de la ciudadanía en su conjunto y de los Gobiernos. Según una estimación reciente,4 la riqueza individual que se encuentra oculta en paraísos fiscales asciende ya a 7,6 billones de dólares, una suma mayor que el PIB del Reino Unido y Alemania juntos.
Gráfico: La fortuna de las 62 personas más ricas del mundo sigue aumentando, mientras que la que se encuentra en manos de la mitad más pobre de la población mundial se ha estancado
La creciente desigualdad económica también agrava la desigualdad entre hombres y mujeres. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revelado recientemente que los países con una mayor desigualdad de ingresos suelen tener también mayores diferencias entre hombres y mujeres en términos de acceso a servicios sanitarios, educación, participación en el mercado laboral y representación en las instituciones, por ejemplo en los parlamentos.6 También se ha demostrado que la brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor en sociedades más desiguales. De las 62 personas más ricas del mundo, 53 son hombres.
Asimismo, Oxfam ha demostrado recientemente que, a pesar de que la mitad más pobre de la población mundial tan sólo genera alrededor del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial,7 son las personas más pobres quienes viven en zonas más vulnerables al cambio climático y sufren sus peores consecuencias. La huella de carbono media del 1% más privilegiado de la población mundial podría multiplicar hasta por 175 la del 10% más pobre.
En lugar de tener una economía que esté al servicio de la prosperidad de todas las personas, de las generaciones futuras y del planeta, hemos creado un modelo económico que beneficia sólo al 1%. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y, ¿por qué?
Una de las principales tendencias que subyacen tras esta enorme concentración de la riqueza y los ingresos es el aumento del rendimiento del capital frente al trabajo. En prácticamente todos los países más avanzados, y en la mayoría de los países en desarrollo, la participación de los trabajadores en la renta nacional se ha ido reduciendo, lo cual significa que se benefician cada vez menos del crecimiento económico. Por el contrario, los dueños del capital han visto como éste ha ido creciendo de forma constante (a través del pago de intereses, dividendos o reservas) y a un ritmo significativamente más rápido que el crecimiento de la economía. La evasión y elusión fiscal de quienes son dueños del capital, y los incentivos fiscales que se le aplica han contribuido a incrementar aún más sus beneficios. Como señaló el multimillonario Warren Buffett, en la práctica él paga menos impuestos que ninguna otra persona de su oficina, incluyendo a la persona encargada de la limpieza y a su secretaria personal.
En el ámbito laboral, la brecha salarial entre el trabajador medio y los puestos directivos se ha ampliado rápidamente. Mientras los salarios de la mayoría de los trabajadores se han estancado, los de los altos ejecutivos se han disparado. La mayoría de los trabajadores peor remunerados del mundo son mujeres, desempeñando los empleos más precarios. La experiencia de Oxfam con trabajadoras de todo el mundo, desde Birmania hasta Marruecos, revela que éstas apenas pueden sobrevivir con los salarios de miseria que reciben. Mientras las remuneraciones de los presidentes de las principales empresas estadounidenses han crecido un 54,3% desde 2009, los salarios medios apenas han variado. El presidente de la principal empresa de tecnología de la información de la India gana 416 veces más que un trabajador medio de esa misma empresa, y tan solo hay 24 mujeres entre los presidentes de las compañías que figuran en la lista Fortune 5008.
Gráfico: En Estados Unidos, los incrementos salariales de los presidentes de grandes empresas superan con mucho los del salario medio
En diferentes sectores de la economía mundial, empresas y particulares suelen utilizar su poder y posición para apropiarse en exceso de los beneficios económicos. Los cambios en las políticas que se han producido en los últimos
30 años (como la desregulación, el secreto bancario y la globalización, especialmente de las actividades financieras) han reforzado la ancestral capacidad de los más ricos y poderosos para aprovecharse de su posición de
poder para concentrar aún más riqueza. Esta agenda política se ha visto impulsada principalmente por lo que George Soros ha denominado el “fundamentalismo de mercado”, la causa de que, en demasiadas ocasiones, los beneficios de las élites no sean en absoluto el reflejo del mérito o de unos rendimientos eficientes o justos.
El entramado mundial de paraísos fiscales y la floreciente industria de la evasión y la elusión fiscal constituyen el mejor ejemplo de cómo el sistema económico se ha contaminado para favorecer los intereses de los poderosos. El fundamentalismo de mercado, que es la cosmovisión predominante en la actualidad, ha legitimado intelectualmente la idea de que para estimular el crecimiento económico es necesario que las empresas y las personas más ricas estén sujetas a unos tipos impositivos bajos que, de algún modo, benefician al conjunto de la población. Este sistema florece gracias a un enjambre de profesionales muy bien remunerados de la banca privada y de inversión, despachos de abogados o auditores.
Solo las personas con más recursos y las grandes empresas (aquellos que deberían estar pagando más impuestos) pueden permitirse económicamente utilizar estos servicios y toda esta arquitectura mundial, para evitar tributar lo que en realidad les corresponde. En cierta medida, esto ha empujado a los Gobiernos de los países que no son paraísos fiscales a competir en una incesante carrera a la baja por reducir los tipos impositivos que gravan a las empresas y a las grandes fortunas, castigando las arcas públicas.
Los impuestos no recaudados por la evasión y elusión fiscal generalizadas compromete los presupuestos públicos, lo cual se traduce a su vez en recortes de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, e implica también que los Gobiernos dependan en mayor medida de impuestos indirectos como el IVA, que afecta desproporcionadamente más a los sectores más pobres de la población. El problema de la evasión y la elusión fiscal se está agravando con rapidez.
• Oxfam ha analizado 200 empresas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial de Davos, revelando que 9 de cada 10 tienen presencia en paraísos fiscales.
• En 2014, la inversión dirigida a paraísos fiscales fue casi cuatro veces mayor que en 2001.
Este sistema mundial de evasión y elusión fiscal está absorbiendo recursos esenciales para garantizar el estado del bienestar de los países ricos, además de privar a los países pobres de los recursos imprescindibles para luchar contra la pobreza, asegurar la escolarización infantil y evitar que sus habitantes mueran a causa de enfermedades que pueden curarse con facilidad.
Casi un tercio (30%) de la fortuna de los africanos más ricos, un total de 500.000 millones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales. Se estima que esto supone para los países africanos una pérdida de 14.000 millones de dólares anuales en concepto de ingresos fiscales, una cantidad que permitiría financiar la atención sanitaria que podría salvar la vida de cuatro millones de niños y niñas, y contratar a profesores suficientes para escolarizar a todos los niños y niñas africanos.
Casi un tercio (30%) del patrimonio de los africanos ricos, un total de 500.000 millones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales, lo que genera unas pérdidas fiscales de 14.000 millones de dólares al año.
Suficiente para cubrir la atención sanitaria que podría salvar la vida de cuatro millones de niños y niñas y contratar los profesores necesarios como para escolarizar a todos los niños y niñas de Africa.
La International Bar Association (IBA) o Colegio de Abogados Internacional, que agrupa a los profesionales del sector de todo el mundo, no se equivoca al calificar la elusión fiscal como una vulneración de los derechos humanos;11 el presidente del Banco Mundial la considera “un tipo de corrupción que perjudica a los pobres”. Esta crisis de desigualdad no acabará hasta que los líderes mundiales no pongan fin a los paraísos fiscales de una vez por todas.
Muchas empresas de las industrias extractivas (gas, petróleo y minería) utilizan distintos mecanismos para aprovecharse de su poder económico con el objetivo de proteger su posición dominante. Ello tiene un altísimo coste para los países en los que operan, pues les garantiza unos beneficios muy superiores al valor que aportan a la economía. Estas empresas llevan a cabo actividades de lobby con el objetivo de obtener privilegios fiscales así como frenar el avance de alternativas energéticas más limpias y sostenibles. En Brasil y México, los pueblos indígenas son los mayores perjudicados por la destrucción de sus tierras ancestrales a causa de la erosión de los bosques, provocada por las actividades mineras o por la agricultura intensiva a gran escala. La privatización de la tierra (como ocurrió en Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética, por ejemplo) favorece el surgimiento repentino de enormes fortunas en manos de unos pocos muy poderosos.
El sector financiero es el que más rápido ha crecido durante las últimas décadas, y en la actualidad concentra uno de cada cinco milmillonarios12 en el mundo. En este sector, la diferencia entre las retribuciones y el valor real que se aporta a la economía es mayor que en ningún otro. Un reciente estudio de la OCDE13 ha revelado que los países con sectores financieros sobredimensionados sufren una mayor inestabilidad económica y una desigualdad más elevada. No cabe duda de que la crisis de deuda pública provocada por la crisis financiera, los rescates a los bancos y las posteriores políticas de austeridad han perjudicado en mayor medida a las personas pobres. El sector bancario sigue estando en el corazón del funcionamiento de los paraísos fiscales: la mayor parte de la riqueza offshore está gestionada por tan sólo 50 grandes bancos.
Las empresas del sector textil aprovechan invariablemente su posición de fuerza para seguir pagando salarios de miseria. Entre 2001 y 2011, los salarios de los trabajadores del sector textil disminuyeron en términos reales en la mayoría de los 15 principales países exportadores de productos textiles. El hecho de que se considere aceptable pagar salarios más bajos a las mujeres se ha señalado como un factor clave en el aumento de la rentabilidad del sector. En abril de 2013, fecha en que 1.134 trabajadores murieron en el derrumbe de la fábrica Rana Plaza, el mundo empezó al fin a prestar atención a la precaria situación laboral en las fábricas textiles. Hay personas que están perdiendo la vida debido a que las empresas tratan de maximizar sus beneficios evitando aplicar las medidas de seguridad necesarias. A pesar de los discursos y de la atención mediática, las actividades de este sector siguen estando dominadas por los intereses económicos cortoplacistas de los compradores, y los informes ponen de manifiesto que las normas de seguridad y contra incendios siguen siendo muy deficientes.
Gráfico: Los empleos y la productividad del sector textil chino han aumentado, pero los salarios reales no han mantenido el mismo ritmo
Asimismo, la desigualdad se ve agravada por la capacidad de algunas empresas para utilizar el control monopolístico y la propiedad intelectual, manipulando el mercado para expulsar a sus competidores y disparar los precios que pagan los consumidores finales. En 2014, las empresas farmacéuticas destinaron más de 228 millones de dólares a llevar a cabo actividades de lobby en Washington. Cuando Tailandia decidió establecer una licencia obligatoria sobre varios medicamentos esenciales (una disposición que otorga a los Gobiernos la flexibilidad de producir medicamentos localmente a un precio mucho más bajo sin necesidad de contar con el permiso del titular de la patente internacional) la industria farmacéutica ejerció presión sobre el Gobierno estadounidense y consiguió que incluyera a Tailandia en el listado de países que pueden ser objeto de sanciones comerciales.
Todos estos son ejemplos que explican cómo y por qué nuestro actual sistema económico pone la economía al servicio del 1%. Este sistema no beneficia a la mayoría de la población, y además destruye el planeta. No cabe duda de que en la actualidad estamos atravesando una crisis de desigualdad, algo en lo que coinciden el FMI, la OCDE, el Papa y muchos otros actores. Pero la desigualdad no es inevitable. El sistema actual no es fruto de la casualidad, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas, de que nuestros líderes presten oídos a ese 1% y a quienes les apoyan, en lugar de actuar en defensa de los intereses de la mayoría y de las necesidades de los más pobres. Ha llegado la hora de rechazar este modelo económico que solo funciona para una minoría.
El problema no es la falta de riqueza en el mundo. Sencillamente, no es razonable ni desde el punto de vista económico, ni, desde luego el ético, que haya tanto en manos de tan pocos. Oxfam considera que la humanidad puede hacerlo mejor: tenemos el talento, la tecnología y la imaginación necesarios para construir un mundo mucho mejor. Tenemos la oportunidad de construir una economía más humana que anteponga los intereses de la mayoría. Un mundo en el que haya trabajos dignos para todas las personas, en el que hombres y mujeres vivan en condiciones de igualdad, en el que los paraísos fiscales sean algo que aparece en los libros de historia, y en el que quienes más tienen tributen lo que les corresponde para sustentar una sociedad que beneficie al conjunto de la ciudadanía.
Oxfam insta a los líderes mundiales a tomar medidas que pongan fin a la actual crisis de desigualdad, defendiendo los intereses de la mayoría. Está en manos de los responsables políticos poner soluciones para acabar con una economía al servicio del 1% y empezar a construir una economía humana que beneficie a todas las personas, desde establecer unos salarios dignos a una mayor regulación de las actividades del sector financiero:
• Pagar a los trabajadores y trabajadoras un salario digno y reducir las brechas con las remuneraciones de los altos directivos: los salarios mínimos deben elevarse hasta que se conviertan en salarios dignos, asegurando una total transparencia sobre el ratio salarial y la protección del derecho de asociación y de huelga de los trabajadores.
• Fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres: compensando el trabajo del cuidado no remunerado; acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres; favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres en los derechos de herencia y sucesión así como sobre la propiedad de la tierra; y mejorando la recogida de información para evaluar los impactos de la política económica sobre niñas y mujeres.
• Mantener bajo control la capacidad de influencia de las élites más poderosas: creando registros públicos de las actividades de lobby y estableciendo normas más estrictas sobre los conflictos de intereses; garantizando la divulgación pública, gratuita y accesible de información de calidad sobre los procesos administrativos y presupuestarios; reformando el marco normativo, especialmente en lo relativo a la transparencia de la función pública; delimitando la participación del sector empresarial en la financiación de las campañas electorales; y aplicando medidas para poner fin a las puertas giratorias entre las grandes empresas y los gobiernos.
• Modificar el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación de los precios de los medicamentos para garantizar el acceso de todas las personas a medicamentos adecuados y asequibles: negociando un nuevo tratado mundial sobre I+D; incrementando la inversión en medicamentos, incluyendo en genéricos asequibles, y excluyendo las normas de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales. La financiación de la I+D debe desligarse de la fijación de los precios de los medicamentos a fin de acabar con los monopolios privados; asimismo, debe garantizarse una financiación suficiente para la I+D de los tratamientos más necesarios, y que los medicamentos resultantes sean asequibles para todas las personas que los necesiten.
• Distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa: trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo hacia la riqueza y el capital; mejorando la transparencia sobre los incentivos fiscales; y recuperando un gravamen sobre la riqueza.
• Combatir la desigualdad a través de un gasto público progresivo: dando prioridad a aquellas políticas, prácticas y gastos que permitan incrementar la financiación destinada a unos servicios sanitarios y educativos públicos y gratuitos, para así luchar contra la pobreza y la desigualdad a nivel nacional; absteniéndose de aplicar reformas de mercado inviables y de eficacia no demostrada en los sistemas públicos de sanidad y educación, y ampliando la prestación pública de servicios básicos (en lugar de la privada).
